Amianto | Proponen un recargo del 50% en las prestaciones para la viuda de un cucharero de Legazpi

El hombre falleció en 2019 por asbestosis tras inhalar amianto cuando trabajaba en la fábrica | Inspección propone que CIE Automotive y Sidenor, sucesoras de Patricio Echeverria, abonen el recargo por las "graves irregularidades" cometidas en materia de seguridad laboral

26.03.2021 | 10:39
Amianto | Proponen un recargo del 50% en las prestaciones para la viuda de un cucharero de Legazpi

La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social propone un recargo de prestaciones del 50% a cargo de las empresas CIE Automotive y Sidenor Aceros Especiales en la pensión de viudedad de la esposa de un trabajador de Patricio Echeverría, fallecido por asbestosis tras inhalar amianto.

Según informa ELA en un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya había reconocido en este caso la incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional y considerado a las dos compañías sucesoras de la firma Patricio Echeverria y, por tanto, "responsables de la exposición al amianto".

La misma fuente ha explicado que el operario trabajó durante 24 años como cucharero en la fábrica de Legazpi, donde se encargaba de colar el acero fundido y de reparar y rehacer las cucharas cuando se deterioraban.

El Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián ya declaró probada la exposición del empleado al amianto "sin medidas de seguridad", en una sentencia, ratificada posteriormente por el Alto Tribunal Vasco. ELA ha explicado que, tras la muerte por asbestosis del trabajador en diciembre de 2019, su viuda solicitó el recargo de prestaciones sobre la pensión de viudedad.

En este procedimiento, la Inspección de Trabajo ha emitido un informe en el que, "constatando las graves irregularidades cometidas en materia de seguridad y salud", propone al INSS un recargo del 50% sobre la pensión de viudedad a cargo de las empresas CIE Automotive y Sidenor Aceros Especiales.

ELA ha denunciado "la lacra del amianto" que constituye, a su juicio, una "auténtica pandemia de consecuencias dramáticas en el ámbito laboral fruto del desprecio más absoluto hacia la seguridad y salud laboral por parte del empresariado y las administraciones a lo largo del sigo XX".

El sindicato exige asimismo a "las instituciones públicas que asignen los recursos suficientes para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de la clase trabajadora", y se reafirma en su compromiso de "luchar por la eliminación de los productos cancerígenos de los centros de trabajo".

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