esulta sorprendente y poco razonable que, -estando sufriendo la mayor crisis jamás conocida en la historia económica de este país, viendo el cierre de empresas por la falta o reducción de la actividad a causa de la pandemia, observando como la cola del desempleo aumenta de manera permanente y comprobando que la desigualdad social se va acrecentando-, un ayuntamiento como el de Azpeitia plantee excusas de legalidad urbanística para no apoyar la reactivación de la planta de Corrugados Azpeitia que significaría la generación de 700 empleos directos e indirectos.

Una oportunidad que, estoy seguro, no la desaprovecharía ningún municipio que tuviera ante sí la posibilidad de poder contar de un día para otro con la puesta en marcha de la actividad de una empresa y la creación de 200 puestos de trabajo directos, con todo lo que ello supone de riqueza para el municipio, y la consolidación de un tejido industrial en el campo siderúrgico donde Azpeitia había sido un referente hasta la paralización de la planta hace ocho años.

En cualquier municipio vasco, ante una situación como esta, la primera autoridad municipal hubiera estado en primera persona liderando el proceso y ayudando en todo lo posible para que la operación pudiera materializarse cuanto antes con el fin de aminorar entre sus vecinos la situación de incertidumbre económica que vivimos y plantearles un escenario de futuro.

No parece que sea el caso de la alcaldesa Nagore Alkorta y del gobierno municipal de Azpeitia liderado por EH Bildu que se agarran como un clavo ardiendo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2013, -que contempla que alrededor de una tercera parte de los terrenos que ocupa Corrugados Azpeitia, en concreto la zona de acería, dejen de ser de uso industrial para pasar a residencial y servicios-, para señalar que no es posible la reanudación de la actividad industrial en las actuales instalaciones con lo que deben trasladarse fuera del casco urbano, concretamente, a la zona de Trukutxo.

Siendo ello verdad, tampoco es menos cierto que ese Plan General no prohíbe de manera expresa la reanudación de la actividad de Corrugados Azpeitia en las actuales instalaciones, hasta la elaboración de un Plan Especial que lo determine y que, a día de hoy, no parece existir. En concreto, se afirma que: "No se declara a priori ningún edificio y uso en situación de fuera de ordenación. Podrán continuar desarrollándose los usos y actividades existentes y autorizarse obras e instalaciones de renovación, optimización y refuerzo hasta la aprobación del Plan Especial que establezca un régimen de fuera de ordenación adecuado a las necesidades productivas de la explotación industrial existente hasta su traslado a las nuevas instalaciones de Trukutxo".

Con lo que parece que no existe, en principio, un asunto de legalidad en términos estrictos y si de una voluntad municipal para acompañar o no el desarrollo de un proyecto industrial a muy corto plazo, desde la certeza de que el grupo Cristian Lay, -los nuevos propietarios de Corrugados Azpeitia-, no ve viable el traslado de las actuales instalaciones a la zona de Trukutxo por motivos de coste, ya que supone triplicar los 50 millones de euros con los que está dispuesto a arrancar las actuales instalaciones, y el retraso al menos de dos años que supondría la construcción de una nueva acería. Unas plantas, que salvo en Estados Unidos, -donde precisamente el grupo azpeitiarra Sarralle va a construir una acería para ArcelorMittal y Nippon Steel-, y Asía, no se están poniendo en marcha en los últimos años en Europa, como consecuencia de la delicada situación que ha vivido el sector siderúrgico.

Centrar el asunto a una cuestión de legalidad y de defensa de la soberanía municipal para oponerse a la reapertura de Corrugados Azpeitia, como lo está haciendo el gobierno municipal de EH Bildu, es poco menos que insinuar que el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, -que son favorables al proyecto-, estén favoreciendo una actuación de carácter ilegal, mientras que el Consistorio es la única institución que se muestra firme en la defensa de la normativa.

No parece sensato pensar que el Gobierno Vasco, competente a la hora de dar la autorización medioambiental para la reanudación de la planta, y la Diputación Foral de Gipuzkoa estén en disposición de saltarse el status quo legal por el mero capricho de recuperar una actividad industrial y una empresa que fue uno de los ejes donde pivotaba no solo la economía de Azpeitia, sino también la de la comarca del Urola, por la situación de crisis económica en la que nos hallamos. Al margen de la generación de riqueza que en cascada puede suponer para Gipuzkoa , como es el caso del puerto de Pasaia, donde hace ocho años era uno de sus principales clientes, hasta el punto de que, trasladando su actividad a la realidad de hoy, el 30% del tráfico de la dársena guipuzcoano tendría como origen y destino Corrugados Azpeitia.

El Consistorio de Azpeitia, a pesar del coste político que puede suponer un pronunciamiento de este tipo en uno u otro sentido, se debe decantar ya por apoyar o no la reanudación de la actividad de Corrugados Azpeitia en sus actuales instalaciones, porque me da la sensación de que de tanto "marear la perdiz", la cuerda se pueda tensionar y acabar rompiendo. Si fuera así, nos vamos a quedar contemplando un cadáver industrial con destino al achatarramiento, la pérdida de una inversión de 50 millones de euros ampliable en el futuro y una generación de 700 puestos de trabajo directos e indirectos en el aire.

El fracaso de la operación de reactivación de Corrugados Azpeitia, en caso de que se produzca, puede significar el deseo de algunos de renunciar al ADN industrial de este país que ha hecho posible, gracias al esfuerzo de nuestros antepasados, de ser lo que somos y que, -como estamos viendo-, más resistentes que otros en la mayor crisis económica jamás conocida en el mundo. Es muy lícito que algunos no quieran seguir con el modelo industrial conocido hasta ahora, pero de la misma forma deben plantear nuevas alternativas que, a día de hoy, no parecen existir. Mal que les pese la industria es la base de nuestra estructura económica para generar un tejido productivo que tiene como resultado un mayor estado de bienestar social.

Hace ocho años el Grupo Gallardo cerró Corrugados Azpeitia dejando a 300 trabajadores en la calle, debido a una mala gestión y a la situación financiera de la corporación extremeña que tenía una deuda de 900 millones de euros; la lucha sindical entre LAB y ELA que hizo inviable el pragmatismo que planteaban algunos delegados sindicales y la falta de liderazgo de un Gobierno Vasco liderado por Patxi López. La reducción del 35% del salario y el aumento de la jornada laboral a 49 horas para salvar la factoría que rechazaron los trabajadores de Azpeitia fueron aceptadas por sus compañeros de Corrugados Getafe, -una empresa de parecidas características perteneciente al Grupo Gallardo-, y que, gracias a ello, sigue estando activa, mientras aquí, como siempre, seguimos dudando. Una experiencia que no se debe olvidar para no volver a cometer otro error semejante.