- ELA tiene muchas pruebas de lo que ha acontecido en el metro en cuestión de seguridad. Está constatado, pero se ha permitido que durante un año y medio siga pasando. Y cuando los trabajadores han participado en estas denuncias, las empresas, o les han echado a la calle o les han hecho la vida imposible. “Aquí se tiene que empezar a penalizar a las empresas que incumplen para futuras concesiones, pero no vemos ni sanción ni nada por parte de la Administración”, lamenta el responsable de la Construcción de ELA, Igor San José.
“El pasado martes me reuní con los responsables de ETS y me transmitieron su preocupación, les vi buena actitud, pero la realidad es que cuando un trabajador levanta la mano, se le abandona, y depende de la empresa. Difícil se nos hace a nosotros, los sindicatos, decir que si algo está mal, hay que denunciar. ¿Cómo lo haces si tienes el ejemplo claro de que al que denuncia, se le despide? Si no hay una protección sobre estos trabajadores, mal andamos”, señala.
“La seguridad sobre todo en el metro es lo que nos ha asustado, a 34 metros por debajo de la ciudad. Nuestros cómplices para que estas prácticas salgan a la luz, son los trabajadores, pero la gente tiene mucho miedo y se junta con la frustración de ver que los que denuncian se van a la calle, mientras que a las empresas que incumplen se les siguen dando obra en las mismas condiciones que han denunciado ellos”.
San José asegura que sí se puede penalizar a estas empresas por incumplir lo que establece la Ley de Obra Pública 3/2016 de 7 de abril, en materia de salud laboral, social y condiciones de trabajo. Y rescindir el contrato sin indemnizarles si han incumplido. Esta semana iniciará una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos con la intención de comparecer en el Parlamento Vasco a exponer la situación.
