- El Gobierno español ha enviado a las autoridades europeas de Bruselas un documento en el que adelanta las líneas maestras de la reforma del sistema de pensiones prevista, en teoría para eliminar el déficit de la Seguridad Social y hacer sostenible un sistema que se prepara para la llegada a la edad de jubilación de la generación del denominado baby-boom, la más numerosa de la historia en el Estado. En el caso de Euskadi hay 500.000 trabajadores que se jubilarán en esta década 2020-2030, según las estimaciones realizadas por Lanbide a través de Futurelan, (Observatorio de Perspectivas de Empleo). Pues bien una mayoría de este medio millón de vascos todavía no tiene claro si para calcular su pensión se utilizarán 25 años o 35 años de su vida profesional, y de prosperar esta última tesis sufrirían en la mayoría de los casos un recorte de las prestaciones.
Recortar el gasto en pensiones a la vista del imparable envejecimiento de la población vasca, en particular, y española, en general, está en la hoja de ruta de la práctica totalidad de los técnicos que consideran que el sistema de reparto español es insostenible a medio plazo con su actual configuración al reducirse drásticamente el número de personas en activo por cada pensionista.
Y es que los datos demográficos son incuestionables. En el caso de la CAV, en 2019 nacieron 15.417 vascos mientras que en los años sesenta del siglo pasado la cifra osciló entre un mínimo de 32.506 y un máximo de 39.020 al año.
A día de hoy, el gasto en pensiones en el Estado alcanza, con datos de diciembre, los 9.985 millones de euros mensuales. Una cifra muy alta y que no deja de crecer, pues en el último mes aumentó un 2,3%. Dinero necesario para satisfacer el pago de 9.809.019 pensiones contributivas, sólo un 0,08% más que hace un año porque el covid está haciendo estragos en el colectivo de más edad.
Controlar este gasto es un objetivo de los técnicos para poder cuadrar las cuentas. A día de hoy, un jubilado vasco percibe de media una pensión de 1.437 euros mensuales en el caso de la CAV, y de 1.323 euros, en el caso navarro.
Y para controlar las cuentas una de las medidas es alargar el periodo de cálculo de las pensiones desde los 25 años previstos, a 35 años.
¿Por qué adoptar dicha medida supondría en la práctica recortar las pensiones futuras a percibir?. Pues porque la práctica totalidad de las personas, y más en este siglo, empieza con salarios muy bajos, y por ende, con cotizaciones bajas. Y esto es muy habitual en los diez primeros años de una carrera profesional. Luego se accede a mayores niveles retributivos y, entre otros conceptos, en la negociación colectiva vasca, y española, está muy extendido el concepto retributivo por antigüedad que aunque poco eleva los ingresos del trabajador según pasan los años.
Aunque el Gobierno español, con una importante división en su seno, no termina de aclarar por razones electoralistas si propondrá cuantificar las pensiones en base a la cotización de 35 años hay borradores que sí lo contemplan. De hecho, el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea una propuesta de reforma de las pensiones que contempla cómo calcular las mismas. Y todo va en la línea de controlar el gasto.
Ahí, se enmarca la creación de un nuevo mecanismo “de equidad intergeneracional” que podría ligar la fórmula por la que se calculan las futuras pensiones o la edad de jubilación a la esperanza de vida y/o al equilibrio entre pensionistas y ocupados.
También se baraja la posibilidad de destopar progresivamente las bases máximas de cotización. Hoy por mucho que un trabajador cotice sólo puede percibir una pensión máxima de jubilación de 2.707 euros al mes, lo que supone 37.904 euros anuales divididos en catorce pagas. Es lo máximo que podrá cobrar cualquier pensionista en España aunque el destope podría abrir las puertas a incrementar proporcionalmente las pensiones máximas.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, del que no está claro que siga en el Ejecutivo, siempre se había mostrado partidario de la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo que se toma para calcular las pensiones e incluso de retrasar la edad de jubilación. Y aunque en público lo niegue, el documento enviado a Bruselas deja abierta esa posibilidad, según fuentes sindicales.
