Las palas canadienses

Nada más lejos de la realidad. Desde 2013, las palas Bellota son canadienses desde que los accionistas de Corporación Patricio Echeverría y herederos en cuarta generación del fundador de la compañía legazpiarra -propietaria de la marca-, decidieron vender la empresa a Ingersoll Tillage Group -hoy denominada Venanpri Group-, y hacer caja renunciando a un proyecto de liderazgo mundial en el sector de herramientas agrícolas y de mano impulsado por el entonces director general, José Antonio Erdozia, que planteaba algunas inversiones con las que no estaban de acuerdo.

De un día para otro, Corporación Patricio Echeverria se convirtió en una compañía que iba por el mundo comprando empresas para posicionarse como líder en su sector a ser adquirida por uno de sus competidores, sin que por parte de los propietarios hubiera la más mínima reserva, salvo las discrepancias por parte de algunos sobre la valoración de los activos y algunas reticencias de los minoritarios sobre la voluntad de continuar o no en la empresa. Corporación Patricio Echeverria es hoy una sociedad extinguida, con lo que las herramientas Bellota ya no son producidas desde hace siete años por ninguna empresa guipuzcoana, sino por una canadiense que, entre sus plantas en el mundo cuenta con una en Legazpi. De esta forma, ese pequeño orgullo que podríamos tener los guipuzcoanos de que los madrileños han tenido que utilizar palas legazpiarras para poder transitar por sus calles se desvanece por completo.

Corporación Patricio Echeverria es un ejemplo más de la deriva de venta de empresas tanto a inversores industriales, como, afortunadamente, es el caso de Bellota, como a fondos de inversión que se ha producido en los últimos años en este país, sin que desde ninguna institución o entidad, tanto pública como privada, se haya reparado en las consecuencias negativas que en una economía significa trasladar al exterior los centros de decisión de sus empresas.

En este momento, a pesar de la gran liquidez monetaria que existe en el mercado, parece que esa voracidad de los fondos de capital riesgo por adquirir pymes industriales capitalizadas con producto de gran valor añadido e internacionalizadas se ha paralizado probablemente, porque vivimos en una economía anestesiada por los préstamos con aval del ICO y de Elkargi y los ERTE, con lo que las oportunidades de compra se han reducido.

En nuestro entorno -que se sepa-, el fondo de capital riesgo Magnum ha decidido poner a la venta la empresa Itasa de Andoain por un importe de 200 millones de euros, tras entrar en su capital en 2016. Itasa se dedica a la fabricación de papeles de uso sanitario como tiritas, cintas adhesivas para uso higiénico, etc., teniendo un crecimiento del 50% en los últimos años.

En la misma situación está la empresa Ibermática, la mayor compañía tecnológica vasca, donde el fondo de capital riesgo ProA Capital, que entró en la compañía en 2013, lleva algún tiempo queriendo desprenderse de ella. Ante la falta de interés del mercado, ha retrasado su salida y está relanzando el crecimiento de la compañía con adquisiciones y acuerdos comerciales.

Ibermática es el mejor ejemplo de cómo un sector, como es el de las tecnologías de la información, que es estratégico en una economía que tiende inexorablemente a la digitalización, está literalmente en manos italianas, portuguesas u holandesas, mientras que, contradictoriamente, tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Gipuzkoa han creado sendos centros de ciberseguridad que tratan de poner en marcha un desarrollo tecnológico en esta materia a favor del tejido empresarial vasco.

No sé si esta situación procede de la existencia en este país de una discordancia entre los objetivos políticos e ideológicos y la práctica de políticas industriales y tecnológicas, que hace más de dos décadas eran conceptos que iban a la par y que hoy se encuentran alejados, o que el sector privado ha perdido iniciativa al aumentar su aversión al riesgo y a la responsabilidad con lo que ha hecho dejación a favor del público, convirtiendo a la Administración Pública en un Gran Hermano que todo lo controla.

Hay que recordar el dinamismo que tuvo este país, en concreto, por parte de los empresarios guipuzcoanos que propusieron fórmulas inéditas como el contrato de relevo para rejuvenecer las plantillas de las empresas que enseguida fue aceptada por el Gobierno de Madrid; la puesta en marcha de Elkargi, la primera SGR del Estado, hace 40 años, o la constitución de Geroa Pentsioak, en unión con los sindicatos, para crear un sistema que complementa las pensiones públicas de los trabajadores. Curiosamente, mientras el Gobierno central está proyectando el modelo Geroa para su aplicación en el Estado, aquí, ni el Gobierno Vasco asume su liderazgo en esta materia, ni los empresarios y sindicatos vizcainos y alaveses muestran el más mínimo interés por este asunto.

Qué tiempos aquellos en los que las Cámaras de Comercio de Gipuzkoa y Araba, junto con las cajas de ahorro de los tres territorios, se conjugaron en 1989 en poner en marcha Euskal Air, una compañía área que nació para asegurar la conexión por aire de Euskadi con el resto del mundo, como alternativa a una Iberia que no respondía a las necesidades que demandaban la sociedad y las empresas vascas. Operaba desde Gasteiz a Palma de Mallorca y desde Biarritz a Madrid porque las autoridades españolas no permitieron que la compañía vasca utilizara las pistas de Hondarribia. Nuevamente los intereses vizcainos, en su defensa del aeropuerto de Sondika, hicieron que el Gobierno Vasco no apoyara la iniciativa.

Ese mismo aeropuerto de Hondarribia que hoy muere de inanición no ya por la pandemia, sino por falta de presión institucional y social, a pesar de sus grandes capacidades operativas que tiene, tal y como demostró la US-Air Force, con el aterrizaje en el verano de 2019, con motivo de la cumbre de G-7 en Biarritz, del Boeing C-16, uno de los cargueros de mayor capacidad del mundo, que transportaba el helicóptero presidencial de Trump y otro material de seguridad. Por no hablar del puerto de Pasaia, inmerso en una crisis permanente, en donde instituciones y agentes económicos y sociales, a juzgar por el silencio que mantienen, parecen coincidir en un diagnóstico no muy favorable, precisamente, sobre su futuro.

Ahora que se habla tanto de la subida de la electricidad, bueno será recordar que en los años 90 el Gobierno Vasco impulsó una política que trataba de reducir al 50% la dependencia energética de Euskadi. A día de hoy, somos dependientes al 100% porque las plantas térmicas que existían desaparecieron por contaminadoras, sin que se produjeran nuevas alternativas. La generación eólica, a pesar de contar en el país con grandes productores industriales, salvo en el caso del parque de Elgeta, nunca se potenció por razones políticas.

La comercialización de gas en Euskadi está hoy en manos de la francesa Total tras adquirir sus activos a la portuguesa EDP el pasado mes de mayo, tras pasar por Hidrocantábrico que los compró, a su vez, a la vasca Naturgas. Un proceso similar se ha producido en Euskaltel, llamada a ser en su día, tras un acuerdo político con Madrid, la compañía telefónica vasca.

Con este panorama es gratificante ver cómo el Gobierno de Francia apela a los intereses generales y se ha opuesto a la venta del grupo de distribución Carrefour al grupo de alimentación canadiense Couche-Tard, frustrando la operación, por motivos de seguridad y soberanía alimentaria y de defensa del empleo local, ya que la compañía gala cuenta con una plantilla de 105.000 trabajadores. Todo un ejemplo.