- La CAV se encuentra entre las cuatro comunidades autónomas donde cuesta más despedir a un trabajador, según un informe publicado por el Ministerio de Trabajo, que cifra en 10.015 euros la cantidad media con la que se ve indemnizado un empleado vasco que pasa a engrosar las listas del paro. Este número tan solo se ve superado por los 14.858 euros de Madrid, los 11.677 euros de Catalunya y los 10.347 euros de Aragón.
El Ministerio de Trabajo ha evaluado por primera vez los costes de despido a nivel estatal con datos referidos a 2018 en los que se constantan fuertes diferencias entre las comunidades autonómas, lo que refleja que las realidades de los mercados laborales son muy diversas.
Son varias las razones que explican que en Euskadi el coste medio de despedir supere los 10.000 euros mientras que en Ceuta y Melilla se fije en 3.707 euros, como por ejemplo los salarios que se pagan a los trabajadores o el peso de determinados sectores en la economía de cada territorio, pues la industria por lo general suele ofrecer salarios más altos.
Este sector tiene una fuerte presencia en el tejido empresarial vasco, lo que cuenta como ventaja también la calidad en la contratación, puesto que suelen ser empleos más estables y de una mayor cualificación.
Pero también influye de manera decisiva la duración del contrato, y en este aspecto Euskadi destaca por ser una de las comunidades autónomas con menor temporalidad de España, según constata la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística con datos del tercer trimestre del pasado año 2020. La estadística sitúa a la CAV como la tercera comunidad con menor temporalidad, en una progresión a la baja en los últimos ejercicios.
Así, el País Vasco presenta un 21,3% de temporalidad frente al 24,2% de la media estatal. Madrid con un 18,8% y Catalunya con un 19,5% son las dos únicas comunidades autónomas que tienen una menor contratación temporal y, en consecuencia, sus costes de despido son también algo mayores que los vascos. En el caso de Madrid su superioridad se explica por el peso del empleo público y de las grandes compañías, que imprimen una mayor estabilidad la mercado laboral.
La duración del contrato es determinante a la hora de calcular cuánto cobrará un trabajador despedido, tal y como se refleja en el informe del Ministerio de Trabajo que, en el caso de Euskadi, detalla que un indefinido a tiempo completo recibe una indemnización de 21.530 euros, muy lejos de los 756 que percibe una persona que tiene un contrato temporal a tiempo parcial.
Entre estos dos extremos, los empleados vascos con un contrato indefinido pero a tiempo parcial reciben al ser despedidos una indemnización de 3.956 euros, mientras que en el caso de los fijos discontinuos esta cantidad asciende a los 5.960 euros. Por último, los contratos temporales a tiempo completo contemplan un coste de despido de 1.639 euros.
En el caso concreto de Gipuzkoa, y con la información proporcionada por el Instituto Vasco de Estadística Eustat, el índice de temporalidad no sufre grandes variaciones provocadas por la crisis económica que ha generado la pandemia de coronavirus que, no obstante, sí afectó al ritmo de contratación.
Así, el número de contratos firmados durante el año cayó un 29,3%, el nivel más bajo de los últimos siete años, pero lo hizo de igual manera entre los indefinidos, que se redujeron un 29,4%, y los temporales, que disminuyeron en un 29,3%, por lo que la proporción entre ambos se mantiene.
De cualquier modo, la información relativa a diciembre muestra un dato preocupante que conviene vigilar porque, con respecto al mismo mes de 2019, la contratación indefinida retrocedió un 28,9%, casi el doble que lo hizo la temporal con una caída del 15,5% y que puede deberse a circunstancias coyunturales como la previsión de un incremento de consumo por las fechas navideñas y el posterior inicio de la campaña de rebajas, junto con la triste novedad de este año de la irrupción de la pandemia de COVID-19.
Es la primera vez que el Ministerio de Trabajo analiza de este modo los costes comparados del despido, cuya rebaja ha sido uno de los objetivos continuos de las sucesivas reformas laborales. Así, ya en 2010 con el PSOE en el Gobierno español, se redujo a 33 días de salario por año trabajado la indemnización por despido improcedente para las nuevas contrataciones indefinidas.
En paralelo, se elevó de manera gradual de ocho a doce días por año trabajado la indemnización por despido para los contratos temporales. La reforma de 2012 amplió las causas para aplicar el despido por causas objetivas.
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