- La crisis financiero-inmobiliaria de 2008 produjo una destrucción de empleo sin precedentes en el Estado español y ahora con una caída del PIB que más que duplica la anterior, -en la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno estima un descenso del 10,1% en el recién finalizado 2020-, la tasa de desempleo está mucho más contenida. De hecho en el pasado año, Euskadi perdió sólo 21.460 empleos, según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, y España, 360.105, cifras muy inferiores a las previstas. Y ello ha sido posible porque las empresas han tenido y tienen acceso a un instrumento de flexibilidad laboral denominado Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al que están acogidos nada menos que 41.073 trabajadores en la CAV, 8.586 en Nafarroa, y 755.610 en el conjunto del Estado español.
Su continuidad, -que se seguirá negociando la próxima semana entre Gobierno español, representantes empresariales y sindicales-, es clave para aguantar el efecto negativo, se supone que coyuntural, de las restricciones adoptadas para combatir las consecuencias sanitarias de la pandemia del
Para sectores como el turismo, la hostelería, el transporte o los espectáculos, por ejemplo, cuyos negocios están limitados por normativas de prevención de contagios, la prolongación de los ERTE hasta, al menos, el mes de junio es clave para la supervivencia de numerosas empresas y de los puestos de trabajo de muchos de sus empleados.
La clave, ahora, está en saber en qué condiciones se van a prorrogar los ERTE, si las empresas acogidas a los mismos podrán efectuar ajustes de plantilla posteriores sin mayores penalizaciones, a qué sectores se les va a permitir acogerse y qué va a pasar con el contador de las prestaciones de desempleo si un trabajador acogido en un ERTE es despedido en los próximos meses al finalizar el expediente.
El Expediente de Regulación Temporal de Empleo o ERTE es una figura laboral a la que pueden acogerse las empresas en determinadas coyunturas para amoldar su productividad a la realidad económica.
En este sentido, con la aplicación de un ERTE una empresa puede reducir la jornada laboral de sus trabajadores (y el salario en proporción) o incluso suspender el contrato y el salario de forma temporal.
El trabajador seguirá en plantilla y contará con una protección de desempleo. El trabajador podrá percibir un importe diario equivalente al 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y del 50% hasta que finalice la prestación. Esta cantidad hay que calcularla teniendo en cuenta la base por contingencia profesional de los últimos 180 días cotizados (6 meses), siempre que esté fuera de los máximos y mínimos establecidos por la ley.
Y también hay que tener en cuenta la reducción de jornadas laborales. En ese caso, esta cantidad también se calculará de manera proporcional a las horas realizadas.
Hasta la puesta en marcha del decreto de marzo pasado para poder optar a estas prestaciones en los ERTE, las condiciones eran que el trabajador hubiera cotizado a la Seguridad Social al menos 360 días durante los últimos 6 años. En caso de no cumplir con este requisito, el trabajador podía pedir un subsidio si ha trabajado un mínimo de 3 meses y tiene cargas familiares, o al menos 6 meses si no tiene ninguna carga.
Todos los trabajadores afectados por una empresa de los sectores de actividad que el Gobierno español considera susceptible de poder acogerse a dicha figura tienen derecho a cobrar el 70% de su base reguladora.
Las compañías que se acojan a un ERTE tendrán que mantener el empleo actual al menos durante 6 meses. Este punto es cuestionado ahora por la patronal CEOE.
Además de poder organizar el trabajo para adecuarlo a una menor demanda u actividad, durante el ERTE se suspende el pago de las cotizaciones sociales de las compañías.
El Congreso aprobó el pasado 27 de mayo de 2020 ampliar los ERTE aprobados en marzo hasta el 30 de junio. Luego Gobierno, CEOE y sindicatos pactaron volver a prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero de 2021. Y es por eso que esta semana que viene hay que intentar cerrar un acuerdo entre las partes en cuestiones para intentar prorrogar el plazo de los ERTE, en principio hasta el 31 de mayo, a la vista de que la pandemia sigue.
