- La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha abierto un expediente sancionador contra 36 empresas vascas del sector inmobiliario por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del alquiler de Euskadi, tras actuar de oficio al conocer una serie de informaciones en 2019 que incluían “indicios racionales” de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.
La presidenta de la AVC, Alba Urresola, compareció ayer en comisión en el Parlamento Vasco para hablar del expediente incoado por “un posible acuerdo, práctica concertada o conscientemente paralela”, recordó, para fijar los precios u otras condiciones comerciales en el alquiler de vivienda en Euskadi.
En respuesta a las preguntas de parlamentarios de las formaciones políticas con representación en la Cámara vasca, Alba Urresola explicó que la investigación “ha podido abarcar un número mayor” de empresas inmobiliarias, pero que “los indicios se han determinado sobre 36”, y que a lo largo del proceso de instrucción “se podría incluir a nuevas partes dentro de la incoación”.
Urresola recordó que la ley de la competencia establece que todos los expedientes se inician de oficio por parte de la autoridad, como se ha hecho en este caso, sin que sea necesario partir de ninguna denuncia. “En 2019 aparecen una serie de noticias que llevan a pensar que en ese mercado de la intermediación inmobiliaria puede haber una práctica concertada”, explicó.
La máxima responsable de la AVC también incidió en que se trata de un proceso administrativo, y que “las sanciones -en caso de que finalmente las hubiese-, también son de carácter administrativo”.
De este modo rechazó las palabras del parlamentario de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño, que definió como “prácticas mafiosas” por parte de compañías con grandes parques inmobiliarios. Según Urresola, “ni mafia ni actividad delictiva, hay que huir de esos calificativos. La mayoría son pequeños negocios”.
