Sentido de país

El escenario actual no ofrece motivos para el optimismo, a tenor de los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos. El adocenamiento que parece existir en algunos sectores de la sociedad vasca empieza a ser objeto de preocupación, hasta tal punto que el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, en una reciente entrevista, expresaba su preocupación sobre el resquebrajamiento del sentido de ciudadanía y de país en Euskadi. "Todo el mundo se pone de perfil. No hay capacidad de decisión. Poco sentido de la responsabilidad. Si un país se asienta en un magma general en el que la historia y los intereses empiezan en su ombligo no tiene futuro", decía un agnóstico López Atxurra a la hora de analizar la realidad vasca.

Este escenario es el que ha hecho posible que una vez más se haya producido una adquisición de una empresa vasca por parte de inversores foráneos, sin que se hayan conocido reacciones en sentido contrario, demostrando otra vez más la ausencia de esa capacidad de decisión que se requiere para revertir las situaciones. Nuevamente hemos perdido como país una gran oportunidad para poder contar con entidades financieras que proporcionen músculo a nuestras empresas, mucho más en la actual crisis, al permitir que una entidad eficiente y rentable como Bankoa sea adquirida por un banco sin arraigo y apenas actividad en Euskadi como es el gallego Abanca.

Esta operación, que le va a permitir a Abanca hacerse directamente con todo el negocio de gestión de patrimonio y de empresas de Bankoa en Euskadi, un nicho de mercado donde el banco gallego está ausente, va a suponer otro traslado al exterior de un centro de decisión, en este caso a Betanzos (A Coruña), donde está la sede de esta entidad presidida por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes.

El caso de Abanca puede servir de ejemplo, -evidentemente, salvando algunas circunstancias no muy claras del proceso-, para lo que se podía haber hecho en Euskadi a la hora de contar con una entidad financiera fuerte en donde pivotase la economía vasca. A través de Abanca, Galicia ha podido garantizar el arraigo de una empresa estratégica en la región como Pescanova, rescatar al Deportivo de A Coruña, que estaba en quiebra, o contar con 180 equipos sanitarios para las UCI donados en plena pandemia del COVID-19, por poner algunos ejemplos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apostó por el banquero venezolano para hacerse con NCG Banco, la entidad resultante de las dos cajas de ahorro gallegas, al que el Estado había colocado 9.000 millones de euros para mantener a salvo los fondos de los depositantes. Escotet se hizo con el banco, que estaba en quiebra, por 1.003 millones de euros, con lo que se quedó con el dinero que el Fondo de Garantía de Depósitos había colocado para mantener a flote la entidad.

Escotet, -que tuvo buena relación con el Gobierno de Chaves a través de su banco Banesco, hasta que en 2007, cuando Venezuela comenzó su etapa de declive, trasladó parte de sus negocios a Madrid, creando una family office-, ha aprovechado Abanca para crecer inorgánicamente mediante adquisiciones tanto en Asturias como en Portugal. Y en ese afán por crecer ha aparecido la oferta de Crédit Agricole por vender su filial Bankoa en una operación que ha constituido toda una sorpresa hasta ahora no justificada.

En otro orden de cosas, no parece, según las impresiones que se tienen en el sector, que el megacontrato de Renfe por valor de 2.761 millones de euros para el suministro y mantenimiento de 211 trenes de Cercanías pueda recalar en Euskadi, aunque sea en parte, porque parece que el Gobierno español, atendiendo a razones políticas y territoriales, tiene ya claro a quien adjudicar esta licitación, la más importante de la compañía ferroviaria estatal.

Y no parece que en las quinielas se encuentre CAF, a pesar de su gran potencial industrial y tecnológico y de haber ganado hace un año a su competidor francés Alstom un megacontrato para el suministro de 28 trenes de media y larga distancia por un importe de 700 millones de euros, ampliables en el futuro a un máximo de 75 trenes adicionales y más de 1.800 millones, poniendo en cuestión la grandeur de Francia y su peso tecnológico.

Paradójicamente, entre los favoritos del Gobierno español están, curiosamente, la francesa Alstom, que cuenta con una planta en Catalunya, y la suiza Stadler, que tiene otra fábrica en Valencia. La adjudicación del megacontrato, que estará dividido en dos lotes de 1.710 millones de euros y de 1.051 millones, a estas filiales de dos empresas extranjeras, en detrimento de las estatales CAF y Talgo, que también compiten en la licitación, parece que puede ser una realidad a final de año.

Las razones son claras. Adjudicar un lote a Alstom con lo que se hace un guiño político a Catalunya y de paso se da un balón de oxigeno a su industria, un tanto decaída tras la salida del fabricante de automóviles Nissan, y otro a Stadler, que acaricia convertir a Valencia en un centro tecnológico ferroviario. No es casualidad que el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, proceda de esa comunidad.

Sea como fuere, no se entendería que un contrato de esta importancia en lo que supone de carga de trabajo y de empleo para las empresas, sobre todo en la crisis en la que nos encontramos, no tuviera su plasmación en Euskadi por motivos de estrategia política y territorial del gobierno español de turno. Es en estas circunstancias, donde hay que actuar de manera eficiente y conjunta desde el sector público y privado vascos para con sentido de país tratar de revertir una situación que, en principio, se antoja injusta y fuera de toda lógica. Veremos.

No parece que el megacontrato de Renfe para mantenimiento y suministro de los Cercanías pueda recalar en Euskadi

La venta de Bankoa a la gallega Abanca ha constituido toda una sorpresa hasta ahora no justificada