- Es uno de los grandes temores entre los agentes sociales y sindicales, y la preocupación ha saltado también al ámbito institucional. ¿Qué va a pasar cuando se terminen definitivamente las ayudas públicas a los ERTE? ¿Podrán esas empresas que a duras penas han resistido estos meses mantener a toda su plantilla? Ante el difícil escenario que se presenta este próximo otoño cada vez más voces coinciden en reclamar una prórroga de las bonificaciones a estas medidas de suspensión más allá de finales de septiembre, a las que ayer se sumó el presidente del CRL vasco, Tomás Arrieta: “Los ERTE han sido un instrumento muy eficaz para mantener el empleo. No podemos desperdiciar lo conseguido hasta ahora”.
El presidente del organismo sociolaboral vasco se mostró ayer claramente a favor de mantener los ERTE bonificados al menos hasta final de año, incluso planteó la necesidad de activar más medidas de apoyo a ciertos sectores desde la administración, sobre todo para hostelería y comercio. “Es verdad que los ERTE suponen un esfuerzo presupuestario enorme, pero precisamente por eso no deberíamos desperdiciar lo que se ha conseguido hasta ahora”, señaló en Radio Euskadi.
El Gobierno español había gastado en este apartado hasta el 30 de junio, cuando se aprobó la última prórroga, más de 15.000 millones de euros en prestaciones, más otros casi 7.000 millones en exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social, y se calcula que a finales de septiembre la factura habrá crecido hasta los 40.000. De ahí las resistencias mostradas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a llevar los ERTE por COVID hasta fin de año, como vienen reclamando empresarios y sindicatos.
Ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, remarcaba también la necesidad de mantener los ERTE más allá de septiembre sobre todo ahora que el aumento de los rebrotes en todo el Estado español obliga a aplicar nuevas restricciones que van a golpear a sectores como el ocio, la hostelería, la movilidad o el turismo en general. La patronal española coincide en esta necesidad, incluso ya ha planteado en más de una ocasión que hace falta poner en marcha desde la administración más medidas de apoyo a la empresa para evitar una oleada de despidos en otoño.
Los ERTE han tenido en Euskadi un importante papel durante la pandemia, y aunque a un nivel menor lo siguen teniendo. El número de vascos con su contrato suspendido por un expediente ligado al COVID llegó a rozar los 200.000, aunque en estos momentos es bastante más bajo, de unas 40.000 personas. Del resto, la gran mayoría han vuelto a la faena mientras que una pequeña parte forma parte del grupo de trabajadores que han perdido su empleo desde mediados de marzo.
“Tengo muy claro que sí, que los ERTE han sido un instrumento muy eficaz para preservar el empleo. Particularmente el tipo de ERTE de fuerza mayor que intensifica la protección a trabajadores y a empresarios”, incidió ayer Arrieta, y señaló que se trata de un mecanismo de “flexibilidad bien entendida, de la buena”, ya que es una medida acordada por empresa y trabajadores siempre con el objetivo de evitar despidos.
¿Qué ocurrirá cuando el Gobierno español decida que se acaban las ayudas? “Hay que evitar el alarmismo. Lo que pase dependerá de lo que hagamos, tenemos que ser imaginativos y proactivos”, señaló Arrieta, partidario de complementar los ERTE con otros acuerdos en la empresa como el teletrabajo o, temporalmente “actuar sobre condiciones de empleo, incluyendo “eventuales reducciones de salarios siempre para mantener el empleo”, dijo.
Arrieta se refirió también al parón que sufre la negociación colectiva vasca desde que comenzó la pandemia al estar centrados empresarios y sindicatos en asuntos más urgentes, como los propios ERTE. “Aunque sea paradójico, la situación es relativamente buena en comparación con los últimos cinco años porque antes habíamos hecho los deberes. Gracias a que los convenios se firman para varios años ahora uno de cada dos trabajadores tienen un convenio en vigor”, y animó a patronales y sindicatos a “echarle imaginación” y a buscar fórmulas alternativas a la reunión presencial para retomar las mesas negociadoras en la segunda parte del año.
Coste en prestaciones. El Gobierno español gastará hasta septiembre en torno a 25.000 millones de euros en los ERTE bonificados y en las ayudas a autónomos por cese de actividad, incluyendo lo que deja de ingresar por cotizaciones.
Negociación. Patronal y sindicatos españoles negocian alargar los ERTE hasta fin de año en aquellos sectores más perjudicados por la pandemia. Aunque el Gobierno español ha mostrado resistencias, los rebrotes han acelerado esas conversaciones ante la perspectiva de que sectores como la hostelería, el comercio y el turismo en general pierdan lo que queda de campaña de verano.
Arrieta indicó que, pese al parón de la negociación colectiva, los acuerdos previos a la pandemia hacen que el nivel de cobertura actual sea “relativamente bueno”.
