Preparar el futuro

No se trata de reconstruir sobre lo conocido hasta ahora porque no servirá de nada, sino de aprender de las lecciones que nos deja el COVID-19 como son un nuevo modelo de empresa y de industria más digitalizadas, que van a permitir la fabricación de productos innovadores y avanzados en países muy desarrollados para su exportación global; una relocalización de los sistemas productivos más cercanos para evitar el desabastecimiento en productos esenciales para las personas; una mayor inversión en I+D; el impulso del papel tractor del Estado; el desarrollo de la colaboración público-privada, etc.

En definitiva, se trata de preparar un futuro que será radicalmente distinto al pasado conocido para afrontar y repensar las estrategias de industrialización que deben centrarse en dar prioridad a las actividades de alto valor añadido para crear ecosistemas económicos competitivos que atraigan talento y generen empleo del conocimiento. Una asignatura pendiente que el COVID-19 ha convertido en una gran oportunidad de futuro.

Y en este contexto de cambio que nos ha traído la epidemia en su vertiente económica también las empresas deben experimentar un cambio de su modelo de funcionamiento desde planteamientos democráticos y ecológicos donde la prioridad sea el respeto al medio ambiente.

En este sentido, economistas de gran prestigio mundial como Thomas Piketty, James K. Galbraith, Benjamin Sachs, entre otros, acaban de hacer público un manifiesto, que se ha publicado en 34 medios de comunicación, en el que proponen que la salida de la crisis económica provocada por el COVID-19 debe estar centrada en empresas con trabajo digno, con un mayor funcionamiento democrático interno y una desmercatilización del trabajo, sobre todo en áreas esenciales como las de cuidados y atención primaria y abastecimiento de material y equipos de emergencia, -como ha quedado de manifiesto en esta crisis-, todo ello con el objetivo de descontaminar el planeta.

La importancia de esta propuesta de Piketty y Galbraith es que apuestan por el modelo cooperativo y de participación de los trabajadores en las empresas, al plantear la necesidad de “permitir a los empleados participar en las decisiones, es decir, democratizar la empresa”, y de contar con unos “objetivos híbridos, como son los financieros a la par que los sociales y medioambientales, y desarrollando gobiernos internos más democráticos”. Para los autores del manifiesto, las cooperativas “han demostrado que es una vía creíble.

En este contexto en el manifiesto se señala que las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán “las que cuenten con gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto los inversores de capital como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica”.

Se trata de poner en el mismo rango los factores de capital, trabajo y planeta, que hasta ahora siempre se han mostrado a favor del primero, en detrimento de los otros dos. Los datos evidencian que el cambio es posible, siempre que las decisiones en el seno de una empresa sean compartidas.

La reflexión que hacen Piketty, Galbraith y Sachs, no es nada novedoso entre nosotros porque coincide en su práctica totalidad con el desarrollo de la experiencia cooperativa de Mondragon desde hace más de 50 años y el modelo de empresa inclusivo-participativo de empresa elaborado después de 10 años de trabajo por la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta (ALE) y que ha contado con el apopo unánime de los Parlamentos Vasco y de Navarra.

Resulta satisfactorio comprobar que pensadores de ese nivel y profesores de Economía de las mejores universidades del mundo propongan como una de las lecciones que nos ha dejado el COVID-19 la necesidad de una nueva organización interna de las empresas desde planteamientos humanistas y democráticos, refutando una realidad en la que Euskadi es un ejemplo a seguir y un marco de referencia internacional desde hace ya varias décadas. Una realidad que una vez más adquiere valor y que los efectos ocasionados por la epidemia vuelven a confirmar.

Ese modelo que se ha desarrollado con éxito en Euskadi supone de partida que este país pueda salir con ventaja en el actual proceso de reconstrucción de la actividad económica, al contar con un tejido productivo cooperativo que históricamente ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y de saber adaptarse a las crisis mucho mejor que las empresas de capital. Ese modelo de empresa cooperativa es la que hace posible que, para afrontar la dura situación que vivimos, los cooperativistas hayan decidido reducirse sus salarios, renunciar a las pagas extraordinarias y reinvertir en las empresas los recursos obtenidos en el último ejercicio.

En esta línea, el Gobierno Vasco y el nuevo Ejecutivo que resulte de las elecciones del 12 de julio, tienen vigente desde septiembre de 2018, una asignatura pendiente emanada por el Parlamento de Vitoria con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios para seguir impulsando el modelo organizativo de empresas en el que los trabajadores puedan participar en la gestión, resultados y propiedad de las compañías. Una iniciativa promovida por la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta (ALE), que ha servido de ejemplo para actuaciones de la Comisión Europea (CE), y que tiene su basamento en la cultura vasca de la cooperación y la cohesión social.

El COVID-19 puede ser la mejor excusa para poner en marcha un nuevo paradigma de desarrollo de las relaciones laborales en el seno de las empresas en términos de participación de los trabajadores, desde el planteamiento de que son una parte activa muy importante de las mismas.