os efectos negativos que está provocando la crisis económica originada por el COVID-19 se están viendo ya en parámetros de fácil cuantificación como son el aumento del desempleo, la demanda de los ERTE, la caída de la producción industrial, las solicitudes de ayudas y avales públicos, el descenso de la recaudación fiscal, etc., que nos están dibujando un panorama realmente desolador y con grandes incertidumbres para el futuro sin que nadie sea capaz de situar en qué punto de los próximos años la curva de crecimiento va a comenzar a repuntar.
En este mar de incertidumbres y ausencia de perspectivas certeras en el corto plazo que está generando esta pandemia, el Observatorio Económico-Financiero de la Pyme de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, con el apoyo del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha tratado de situarse en el día después, una vez que se vaya materializando la nueva realidad que nos ha impuesto el virus, al publicar el informe Posición de partida de las empresas en Euskadi ante el COVID-19".
En este análisis, que analiza la vulnerabilidad financiera de las empresas vascas con el objetivo de anticiparse y responder de la mejor manera a los retos que está provocando el COVID-19, se pone de relieve que las empresas que arrastraban dificultades con anterioridad a esta crisis no van a tener ninguna posibilidad de continuidad, pese a las medidas que desde el sector público se están tomando para mantener la actividad empresarial.
El informe, realizado por un equipo de investigadores coordinado por Ibon Gil de San Vicente, señala que en este grupo se pueden encontrar un total de 2.289 empresas, es decir, el 8% de las 27.329 compañías vascas analizadas en el estudio, que han tenido una rentabilidad negativa en los últimos tres años, a pesar de haber sido ejercicios de crecimiento económico.
En este sentido, el estudio es taxativo en la toma de decisiones ante la imposibilidad de garantizar la viabilidad de estas empresas que presentan un lastre. "Habrá que cubrir las consecuencias de su declive en vez de tratar de prolongar su existencia de manera artificial", en el caso de que formen parte de un sector estratégico, tengan un componente social por la caída del empleo y situaciones de exclusión social, así como pérdida de tejido económico.
El comercio, la hostelería, industrias de la alimentación, telecomunicaciones e industria textil, son los sectores con un mayor porcentaje de empresas que se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de no poder ser capaces de hacer frente a sus obligaciones de pago, al presentar una débil rentabilidad y baja solvencia financiera. Los dos primeros, que representan el 14% y el 6% del empleo, respectivamente, se ven afectados de manera importante por la crisis por el efecto del confinamiento, la caída del consumo y la posterior disminución de la renta disponible por el aumento del desempleo.
El sector de la construcción presenta una alta concentración de empresas con patologías financieras y que necesitan un mayor nivel de liquidez y apoyos para su continuidad. El de transportes, que cuenta también con un gran número de empresas, ofrece también un panorama no muy halagüeño por las necesidades de liquidez que presentan y las dificultades de rentabilidad que registran, lo que puede provocar problemas de solvencia en las compañías.
En el otro lado de la balanza se encuentran seis sectores como son fabricación de maquinaria, fabricación de metales, fabricación de productos de caucho, actividades sanitarias, actividades administrativas y actividades jurídicas y contables que presentan unos balances saneados con una fuerte reducción del endeudamiento desde la crisis de 2008 y que necesitarán de liquidez, que en algunos casos, puede provocar una disminución de su solvencia.
Según Orkestra, las administraciones públicas vascas han reaccionado de manera ágil implementando líneas de apoyo con una dotación presupuestaria importante a favor de las empresas, aunque plantea la necesidad de continuar con esas actuaciones para dotar de liquidez a las compañías. En este sentido, advierte de que esas líneas de financiación no deben sustituir a las ya otorgadas por las entidades financieras y, de este modo, evitar el traspaso del riesgo de mala calidad del ámbito privado al sector público. Para ello, recomienda definir compromisos por parte de las empresas beneficiarias para la correcta utilización de los fondos.
En esta aproximación para responder a la nueva realidad económica que ha traído el COVID-19, llama la atención el anuncio de la comparecencia, a iniciativa de EH Bildu, del presidente de la Corporación Mondragon, Iñigo Ucin, en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, cuando desde el grupo cooperativo se ha mantenido desde siempre una política corporativa de exquisita neutralidad política. El primer grupo empresarial vasco y el único modelo de referencia del cooperativismo industrial existente en todo el mundo ha tratado de guardar siempre una equidistancia de cualquier actuación vinculada con expresiones políticas para evitar que pudiera ser identificado con ellas.
Dentro del mundo cooperativo ha sorprendido esta decisión ante el temor de que pudiera provocar reacciones en algunos sectores políticos y económicos españoles sobre supuestas connivencias del grupo cooperativo con la izquierda independentista vasca, teniendo en cuenta el alto grado de polarización y crispación política que se vive en Madrid, y que puede afectar a cooperativas cuya actividad está centrada en el consumidor final. En la memoria está la agresiva y dura campaña de acoso que hace aproximadamente diez años sufrieron cooperativas como Eroski por parte de medios de comunicación españoles que trataban a toda costa de vincular al grupo con ETA. Una situación que provocó la denuncia pública por estas "guerras y tácticas sucias" del entonces consejero de Industria en el Ejecutivo de Patxi López, Bernabé Unda.
Otro vasco, en este caso el exvicelehendari Jon Azua, participará también en esta comisión, a propuesta del PNV, aunque dentro del grupo de Sanidad y Salud Pública, por la experiencia que tiene en el mundo empresarial vinculado a la actividad sanitaria, con lo que tratará de ofrecer respuestas al reto que ha puesto encima de la mesa el virus desde las perspectiva económica. Hay que recordar que Jon Azua puso en marcha en 1991 el Plan 3R (Rescate, Reconversión y Reestructuración) para apoyar a empresas en dificultades, garantizar la continuidad de una parte del tejido industrial vasco y relanzar nuevos sectores productivos que puede ser un magnífico ejemplo para afrontar de la mejor manera el día después de la epidemia. Veremos.
En el mundo cooperativo ha sorprendido la decisión del presidente de la Corporación Mondragon, Iñigo Ucin, de comparecer en el Congreso
