Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) encaran el debate sobre cómo levantar la economía del continente tras la pandemia divididos sobre cuánto costará y cómo se financiará esta tarea, por lo que no se espera que de su cumbre telemática de mañana salga un plan concreto para ello.

El coronavirus ha dejado ya más de 100.000 fallecidos en Europa y abocado al bloque comunitario a su peor crisis económica desde la Gran Depresión, a una recesión que elevará los niveles de paro y obligará a muchas empresas al cierre.

Los ministros de Economía europeos acordaron hace dos semanas un paquete de medidas por valor de 540.000 millones de euros para apoyar a empresas, trabajadores y Estados en sus necesidades más urgentes, así como trabajar en un Fondo de Recuperación para relanzar la economía una vez pase la emergencia sanitaria.

Sin embargo, dejaron en manos de los líderes comunitarios la decisión sobre cuánto dinero necesitaría este fondo, de dónde saldrá y cómo se distribuirá entre los países, cuestiones que se pondrán mañana sobre la mesa y que están lejos de suscitar consenso entre los Veintisiete.

No se prevé que los jefes de Estado y Gobierno cierren mañana estos detalles, pero sí que den directrices -y fijen sus líneas rojas- para que la Comisión Europea (CE) pueda elaborar una propuesta para establecer este fondo, así como plantear un nuevo presupuesto plurianual para 2021-2027 que tenga en cuenta las necesidades generadas por el coronavirus.

El nuevo marco financiero plurianual (MFP), que la Comisión presentará la semana que viene, y este fondo serían así los pilares financieros para la recuperación.

PROPUESTA ESPAÑOLA

En vísperas de la cumbre, el Gobierno español ha propuesto un Fondo de Recuperación que cuente con entre un billón y un billón y medio de euros, se financie con la emisión de deuda perpetua respaldada por la UE y luego distribuya el dinero en forma de subvenciones -no préstamos- a los países y sectores más afectados.

Francia, por su parte, había planteado la creación de un fondo temporal que emita deuda con el aval de los Estados miembros y luego dé préstamos a muy largo plazo a los países para financiar su recuperación.

España, Francia e Italia encabezan la reclamación de que se emita deuda común -se bautice "coronabonos" o no- para financiar la recuperación, una opción que rechazan de plano Alemania, Holanda o Austria, entre otros.

En el Sur existe la impresión de que el Norte aprovechará la crisis para salir más fuerte económicamente, mientras que los del Norte "creen que los del Sur utilizarán la COVID-19 para poner la deuda del pasado sobre sus hombros", resume un alto cargo europeo.

Pese a ello, señala, "las líneas se están moviendo", como muestra que la canciller germana, Angela Merkel, se haya abierto esta semana a aumentar el presupuesto, algo que rechazaba antes de la pandemia.

Fuentes europeas reconocen que la propuesta española es "interesante" porque se centra en que la recuperación sea simétrica entre países y en apoyar a sectores estratégicos, puntos en los que "hay consenso", pero reconocen que el concepto de deuda perpetua "es difícil de tragar para algunos Estados miembros".

Además, a la hora de conceder las ayudas, "la mayoría" de países cree que el fondo debería dar préstamos y no subvenciones, según la misma fuente.

"No creo que se vaya a encontrar un consenso sobre la deuda perpetua, pero la idea de dar préstamos a largo plazo tiene una buena oportunidad", apunta.

El primer paso, no obstante, sería decidir a qué se quiere destinar el dinero del fondo y, a partir de ahí, cuánto sería necesario.

CALENDARIO

Tras la cumbre, pues, habrá que esperar a conocer las propuestas de la Comisión Europea, con lo que las medidas concretas podrían llegar solo en "junio o julio", según un alto cargo europeo. El acuerdo sobre el próximo presupuesto podría dejarse incluso para después del verano, en función de cómo avance el desconfinamiento.

Los líderes sí deberían dar mañana luz verde definitiva al paquete de medidas, adoptado por el Eurogrupo, para que puedan entrar en vigor a principios de junio.