El Gobierno español ha hecho público esta noche el decreto ley de medidas complementarias para el confinamiento, que en la práctica supone la suspensión de toda actividad laboral "no esencial" para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus. Han pasado más de 24 horas desde que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara la decisión, aunque el Boletín Oficial del Estado no ha hecho pública una lista de la que dependen que miles de trabajadores y empresas hasta las 23:37 horas. La razón, el debate que en el seno del Ejecutivo se ha abierto a lo largo del día para introducir una disposición transitoria que faculte a abrir este lunes a aquellas empresas que deban detener su actividad de manera progresiva.

El presidente español reveló a las 18:30 horas del sábado que este domingo un Consejo de Ministros extraordinario aprobaría el real decreto. La cita arrancó pasadas las 11:00 horas y duró apenas una hora. Siguió el domingo, el turno de las fábricas al que la llegada del lunes le pillará trabajando entró a sus puestos a las 22.00 horas y no hubo noticias del BOE, donde se aclararía qué oficios eran definitivamente esenciales y cuáles no.

El quid de la cuestión, según ElDiario.es, era el debate en torno a una disposición transitoria para dar 24 horas a aquellas empresas que no pudieran detener su actividad de manera inmediata, que ha quedado recogido en la disposición transitoria primera: "En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial".

Horas de incertidumbre que durante el día responsables institucionales como la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, han exigido acabar: "No puede ser que ni la Administración pública vasca, ni el conjunto de empresas y miles de personas trabajadoras estén teniendo que interpretar los borradores filtrados por Moncloa a los medios de comunicación".

"Los gabinetes jurídicos de las empresas no pueden estar interpretando los borradores de las diferentes versiones que se mueven por las redes sociales", ha llegado a denunciar la consejera, que ha reafirmado la oposición del Ejecutivo a la decisión del Gobierno español, como así se lo ha trasladado el lehendakari, Iñigo Urkullu, al propio Sánchez este mediodía.