Como ocurre con cierta frecuencia en este país, tienen que venir de fuera para dar todo su valor e importancia a iniciativas pioneras y de éxito en Euskadi que están siendo tomadas como referencia para su implantación en el Estado, mientras que entre nosotros, más allá de Gipuzkoa, no se han desarrollado de la forma que deberían haberlo hecho en los otros dos territorios, por la inacción y reticencia de los agentes institucionales, empresariales y sindicales. Mientras aquí se carece de liderazgo para implantar en todo el país el modelo de las EPSV de empleo, a pesar de las declaraciones públicas favorables, desaprovechando la bonanza de la recuperación económica, en Madrid han tomado la delantera y apuestan firmemente por ser una solución complementaria al sistema de pensiones.

La decisión del Gobierno de Sánchez de potenciar las EPSV de empleo a través de la negociación colectiva como instrumentos generadores de una pensión complementaria de la pública, tomando como referente al modelo vasco, -encarnado por entidades como Geroa Pentsioak, Elkarkidetza e Itzarri-, anunciado por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la comisión del Pacto de Toledo, viene a confirmar de una manera determinante que la mejora a corto plazo de las jubilaciones va a venir por el sistema complementario.

Con un panorama de incremento de la esperanza de vida que va a dar lugar a que la proporción entre los mayores de 65 años y las personas en edad de trabajar (16-64 años) aumentará desde el 30% actual al 50-70% en 2050, -con lo que la tasa de dependencia será de un jubilado por dos personas en edad de trabajar, cuando ahora es de uno a tres-, a lo que hay que añadir una menor aportación de los actuales cotizantes por tener unos salarios más bajos y precarios, el sistema público de reparto camina inexorablemente a que los futuros jubilados cobren mucho menos que los actuales.

De esta manera nos vamos a ir acercando a los países europeos donde la tasa de sustitución es menor, es decir, cuando la pérdida del poder adquisitivo en la jubilación, respecto al último salario laboral percibido es mayor.

Según el informe sobre las pensiones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de 2019 la tasa de sustitución del Estado es una de las más altas con un 72,3% para un salario medio, mientras que la media de los países de la Unión Europea (UE) es del 52%. Francia tiene una tasa de sustitución del 52%, en tanto que Alemania registra el 38,7% y en Reino Unido esta tasa es del 21,7%.

Está perdida de poder adquisitivo que tienen los jubilados europeos con el cobro de las pensiones públicas es subsanada con sistemas complementarios como las EPSV de empleo que en países como Dinamarca, Holanda y Suecia se recogen en la negociación colectiva, al igual que sucede con Geroa Pentsioak, o en Finlandia y Noruega, donde la existencia de estas entidades en las empresas es obligatoria por ley.

También existen otras figuras como la autoafiliación en Reino Unido, Italia o Polonia, en las que los trabajadores pueden decidir si son socios o no de la EPSV de la empresa. Hasta ahora, el índice de rechazo a esta fórmula por parte de los trabajadores ha sido inexistente.

Al margen de esta característica, las EPSV de empleo tienen otra de mayor importancia social como es la de ser un soporte básico para la cohesión al conjunto de los ciudadanos, ya que como bien destacó el ministro Escrivá, su desarrollo favorece a las clases medias y bajas que tienen poca capacidad de ahorro, y menos en un plan complementario de pensiones, entre otras cosas porque no disponen de un salario suficiente para ello.

La decisión del Gobierno de Sánchez de trasladar los apoyos fiscales que ahora tienen las EPSV individuales para favorecer a las de empleo, -que en el caso de Euskadi alcanza al 50% de la población activa frente al 10% de la española-, no solo parte de la realidad de que aquellas no son eficientes, al registrar en los últimos diez años rentabilidades del 2,75% frente al 4% de las de los trabajadores, y más caras, con unas comisiones del 1,2% frente al 0,3%, respectivamente, sino que va a suponer primar el sistema de renta, que ahora se integra en la base imponible general del IRPF con el 100% de su importe, frente al rescate del capital aportado que cuenta con una penalización fiscal del 60%.

La política fiscal debe reducir de manera importante la presión tributaria existente sobre la percepción de la pensión complementaria en forma de renta y focalizarla en el rescate del capital porque ello va en paralelo a la filosofía con la que nacieron EPSV de empleo como Geroa Pentsioak, que este año cumple 25 años desde su constitución, y que tiene como fin contribuir a garantizar una sociedad más cohesionada y menos excluyente, así como ser instrumento de solidaridad intergeneracional.

Esa renta, que hoy está en torno a los 200 euros al mes, -en los niveles máximos de aportación-, lo que significa el 16% de la pensión media de Euskadi, situada en 1.250 euros, se ha hecho a partir del cálculo de una esperanza de vida de 20 años. Curiosamente, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que siempre se ha mostrado favorable al modelo de las EPSV de empleo, planteó, a finales del año 2018, impulsar el cobro de las pensiones complementarias como renta y restringir el rescate como capital del dinero aportado en la EPSV, sin que la propuesta tuviera mayor recorrido.

En este contexto, hay que situar también el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. El diputado del PNV y miembro de la comisión del Pacto de Toledo, Iñigo Barandiaran, -a quien hay que atribuirle cierta responsabilidad en la asunción del sistema de las EPSV de empleo por parte del Gobierno central-, aprovechó la presencia del ministro Escrivá para desmentir que esa transferencia vaya a romper ninguna caja única porque no existe como tal, al ser un mero principio contable. La Constitución no solo reconoce la ejecución de esos servicios por las Comunidades Autónomas, sino que también la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika establece que la forma de asumir esa competencia es a través de convenios "dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad" de la Seguridad Social, lo que descarta que se vaya a producir una ruptura del sistema. "Quien afirme lo contrario, está manipulando la realidad legislativa y colocándose en un contexto absolutamente paraconstitucional", dijo.

Habrá que recordar que también los estatutos de Navarra, Catalunya, Valencia, Galicia, Andalucía, Islas Baleares, Aragón, Extremadura y Canarias recogen esa competencia de manera explícita, en unos casos, y con algunos matices en otros. El problema es que nadie, salvo la CAV, lo ha reivindicado hasta ahora.

La política fiscal debe focalizar la presión tributaria en el rescate del capital y no en la percepción de la pensión complementaria