donostia - El Estatuto Electrointensivo que aprobará el Gobierno español beneficiará a unas 600 industrias con alto consumo eléctrico, una cuarentena de ellas vascas, a las que se bonificará en un 85% los cargos de su factura.

Esta medida representará para este tipo de tejido productivo un ahorro conjunto de unos 90 millones de euros que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo gubernamental a este tipo de industrias.

Una de las características que comparten es que su competencia se sitúa en Alemania o Francia, países que tienen unos costes eléctricos inferiores, por lo que las firmas estatales se encuentran en desventaja a la hora de comercializar sus productos.

Según fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Industria sacará hoy a audiencia pública el nuevo texto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que fue revisado después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de que algunas de sus medidas podían ser consideradas por la Comisión Europea (CE) como ayudas de Estado.

El objetivo del Consumidor Electrointensivo es mejorar la competitividad de las industrias con gran consumo de electricidad, que han llegado a soportar diferenciales con sus competidores de Francia y Alemania de hasta 20 euros/megavatio hora (MWh), según Efe.

Para las industrias, no se trata solo de que la electricidad sea más barata sino de que la diferencia de precios con Francia o Alemania se reduzca al mínimo.

El Gobierno calcula que unas 600 empresas industriales se beneficiarán de las nuevas ayudas, de las que 153 se encuentran en Catalunya, 67 en Andalucía, 19 en Asturias, 31 en Galicia, 44 en País Vasco y 19 en Madrid.

Está en juego el mecanismo que facilite la competitividad en el Estado español de empresas como Linde, Acerinox, Alcoa, Arcelor, Asturiana de Zinc, Sidenor o Tubos Reunidos sin generar reticencias en Bruselas.

Lo cierto es que las ayudas de 260 millones de euros, a las que habría que añadir los apenas 200 millones que reciben las empresas por las subastas de interrumpibilidad, son parecidas a las que viene recibiendo la industria tras la reforma eléctrica de 2013, cuando antes llegaban a alcanzar los 750 millones de euros.- N.G.