está claro que las pensiones van a ser uno de los asuntos prioritarios en esta legislatura que se ha iniciado con la investidura de Pedro Sánchez como inquilino de la Moncloa porque es una de las grandes asignaturas pendientes a resolver desde el pasado mes de febrero, cuando el Pacto de Toledo saltó por los aires. A pesar del consenso que había entre todos los grupos parlamentarios, la entonces diputada y hoy, nueva ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz, se desmarcó de manera súbita de ese acuerdo casi generalizado al rechazar de plano tres de las 21 recomendaciones acordadas en la comisión, como eran la fijación de la edad legal de jubilación, la ampliación de los años de cotización para el cálculo de la prestación y la existencia de un sistema complementario.
La movilización que desde hace más de dos años están llevando a cabo los pensionistas vascos y que este pasado otoño, junto con otros de otras regiones del Estado, llegó hasta las mismas puertas del Congreso de los Diputados está marcando posiciones para que este asunto no solo no quede diluido en la agenda política, sino demandando a los partidos políticos propuestas que sean sensibles a sus reivindicaciones.
De momento, al margen de la revalorización de las pensiones al IPC que deberá realizar el nuevo gobierno de Sánchez, -si atendemos a sus promesas electorales-, el nombramiento del hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, como nuevo ministro de Seguridad Social, presenta una realidad que por su carácter técnico e independiente parece que poco va a tener que ver con las razones por las que Podemos reventó el Pacto de Toledo y mucho con otros planteamientos más cercanos a la realidad. Curiosamente, en este asunto el nuevo ministro tendrá que despachar con la autora del desplante como títular de la cartera de Trabajo en el nuevo gobierno.
Precisamente, la AIReF publicó hace justo un año un informe sobre la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social en el que se lanzaban algunas propuestas para su apuntalamiento futuro a la hora de afrontar el actual déficit originado por el hundimiento de las cotizaciones sociales y el derivado del envejecimiento de la población, así como por el aumento paulatino de la pensión media.
En este sentido, Escrivá plantea un aumento en un año de la edad efectiva de jubilación, esto es reducir las jubilaciones anticipadas y alargar la vida laboral voluntaria de los trabajadores, así como ampliar el cálculo de la pensión desde los 25 años hasta los 35. El resultado de esta medida, al contabilizar los primeros años de la cotización de los trabajadores para determinar la pensión, es que las prestaciones tenderán a reducirse.
De esta forma se reduciría el déficit de la Seguridad Social entre 1,8 y 4,7 puntos del PIB, por lo que sin tocar las pensiones actuales el esfuerzo recaería en los trabajadores en activo que retrasarían su jubilación y tendrían una pensión inferior a la de la generación precedente.
Y es, en este contexto, donde la puesta en marcha de un sistema complementario de pensiones a las prestaciones públicas cobra todo su sentido, porque los nuevos pensionistas tendrán unas prestaciones que supondrán entre el 65% y 70% de percepción respecto a su último salario, en línea con lo que ocurre en los países europeos. Con la aplicación de este sistema se trata de buscar un punto de equilibrio adecuado para que los pensionistas no vean mermados sus recursos económicos y su poder adquisitivo.
En Gipuzkoa, tenemos la EPSV de empleo Geroa, creada hace 23 años por la patronal y los sindicatos, que es pionera en el Estado y que el propio Pacto de Toledo lo analizó para su posible implantación, hasta el punto de formar parte de una de las 31 recomendaciones de la comisión no aceptadas en su día por Podemos.
Ante este previsible escenario llama la atención que sindicatos como ELA, LAB, CCOO y UGT, tan visionarios en su época al poner en marcha Geroa, no demuestren el más mínimo interés por continuar impulsando este sistema complementario de pensiones que, fundamentalmente, beneficia a las clases bajas y medias que son las que en general, disponen de menor capacidad de ahorro.
Y sin embargo, dos de ellos, junto con otras centrales sindicales de tipo sectorial, se han lanzado a la convocatoria de una huelga general para el próximo día 30, en defensa de "un empleo, unas pensiones y una vida digna", que más que reivindicativo parece que tiene un carácter propositivo desde un planteamiento de recuperar la interlocución sociopolítica en esos asuntos que inciden de manera importante en los trabajadores.
El fuerte impulso que ha tenido la negociación colectiva en los últimos meses con los acuerdos alcanzados en los sectores del Metal de Bizkaia, Artes Gráficas de Gipuzkoa, Enseñanza Concertada, etc., como consecuencia de los paros convocados, ha hecho posible que ELA y LAB se hayan lanzado a oganizar una huelga de propuesta, -21 años después de la que junto con CCOO y UGT llevaron a cabo el 21 de mayo de 1999 a favor de las 35 horas semanales y el salario social-, con el objetivo de alcanzar acuerdos de tipo intersectorial desde el diálogo social con las instituciones y agentes económicos.
El problema está en saber si en el seno de la sociedad vasca existe la suficiente pulsión para que los trabajadores abandonen sus puestos de trabajo y se lancen a la calle como está ocurriendo en Francia en los cinco días de movilizaciones que ya se han celebrado y un sector de transportes que lleva 36 días de huelga permanente e indefinida en protesta por el cambio del sistema de pensiones que quiere hacer el presidente Macron. Veremos.
Curiosamente, en este asunto el nuevo ministro Escrivá tendrá que despachar con la autora del desplante como títular de la cartera de Trabajo en el nuevo gobierno
