La Audiencia alavesa archiva la pieza penal por la quiebra del coche eléctrico Hiriko

donostia - La Audiencia Provincial de Álava ha puesto punto y final al polémico caso Hiriko con el archivo de la pieza penal abierta por la quiebra de la empresa del fallido coche eléctrico vasco. El tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar a los cuatro promotores del proyecto por delitos de malversación, apropiación indebida y fraude de subvenciones, como se señalaba en el auto de su procesamiento, que ahora queda convertido en poco más que papel mojado.

Se trata de tipificaciones penales que suman entre un mínimo de tres años y un máximo de doce, pero “no hay bastantes indicios de delito” para juzgar a los acusados y la causa queda sobreseída sin llegar al juicio oral para alivio de los imputados.

Aunque en el auto conocido ayer se indica que el archivo tiene carácter “provisional”, una coletilla jurídica con la que los jueces dan a entender que si aparecieran nuevas pruebas se reabriría el caso, la decisión es firme y no caben recursos contra ella. De modo que se cierra un caso que en la pieza mercantil se saldó con una condena liviana en este tipo de procesos, una multa de 530.000 euros y la inhabilitación por dos años para gestionar empresas a los promotores de Afypaida, la sociedad que se creó para impulsar el coche eléctrico.

En el fallo de aquel juicio administrativo, hecho público en diciembre de 2017, ya se minimizó la responsabilidad de Jesús Echave (el presidente de la sociedad), Iñigo Antia, Fernando Achaerandio y José Luis Bengoechea. Los cuatro fueron considerados culpables de la quiebra de la compañía por “imprudencia grave” en la gestión, pero no por el desvío y apropiación de dinero público, como solicitaban tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

En otras palabras, la empresa se fue al traste porque los acusados no supieron administrar bien los recursos. Sin embargo, no utilizaron en su beneficio las ayudas recibidas por parte del Gobierno Vasco y el español, que sumaban cerca de 17 millones de euros.

En el auto de sobreseimiento de la pieza penal, al que tuvo acceso Efe, se sostiene que los acusados ya han sido juzgados y debidamente sancionados en la jurisdicción mercantil. No ha lugar por tanto a nuevas condenas y se estima parcialmente la petición de sobreseimiento de las defensas.

sin pruebas de delito El tribunal no llega tan lejos como pretendían los letrados de los acusados, que pedían el archivo porque los hechos no eran constitutivos de delito, sino que se limita a señalar que no resulta debidamente justificada la perpetración de delito.

Tras casi cuatro años de investigación, no parece probable que aparezcan nuevos indicios. Y todo ello a pesar de la contundencia con la que se ha empleado en la causa la Fiscalía, que llegó incluso a acusar a los promotores del coche eléctrico vasco de blanqueo de capital, un delito que no admitió la jueza en la fase de instrucción. Además, también rebajó el supuesto desvío de dinero de los 17 millones que señalaba el fiscal -todas las ayudas- a 6,4 millones cuyo destino no quedó debidamente justificado.

Seis meses después se decide desactivar la maquinaria judicial y no llegar a la vista oral. A los acusados se les ahorra el trago de volverse a enfrentar al juicio mediático y de la opinión pública que supone enfrentarse a un tribunal.