donostia - La negociación colectiva vasca vivió un 2018 más productivo que los años anteriores. No se puede hablar de desbloqueo, pero el escenario está tan embarrado que cualquier movimiento se percibe como un cambio de tendencia. El año pasado terminó con casi la mitad de los asalariados vascos con su convenio actualizado (46,8%), según el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), lo que supone un salto importante en relación a la fotografía del cierre de 2017 y el nivel más alto desde 2014. Casi 150.000 trabajadores vascos vieron renovadas sus condiciones el año pasado, una tercera parte bajo un acuerdo de ámbito estatal. El avance de los convenios estatales es mínimo mientras la cobertura de la negociación que se desarrolla en Euskadi casi se duplica.
El propio sindicato ELA reconoce en un informe hecho público esta semana que la negociación colectiva de la CAV ha pasado “del bloqueo a la reanimación”. “En 2018 la tendencia se ha modificado y ha aumentado el número de convenios sectoriales actualizados con las condiciones solicitadas por ELA”, señala el sindicato mayoritario, que firmó 12 de los 21 convenios de sector suscritos en Euskadi el año pasado.
La situación más compleja, como reconoce la central abertzale, se vive en Gipuzkoa. La negociación en Araba viene siendo en los últimos años mucho más ágil que en los otros dos herrialdes por el mayor peso de CCOO y UGT, mientras que el salto de 2018 se puede atribuir principalmente a los avances en Bizkaia.
En Gipuzkoa la cifra de trabajadores que han renovado su convenio se duplica para alcanzar los 23.000. En total fueron 90.000 los asalariados que vieron actualizadas sus condiciones en 2018 a través de acuerdos negociados en la CAV -20.000 de ellos renovaron un convenio de empresa- casi el doble que el año anterior. A esa cifra hay que sumar otros 50.000 trabajadores que entraron en un nuevo convenio de ámbito estatal, una variable que apenas cambia.
El número de asalariados vascos que renovaron su convenio en 2018 aumentó un 50% de forma que a cierre del año 270.000 trabajadores, casi la mitad de los ocupados bajo el paraguas de la negociación colectiva, tenían condiciones actualizadas.