Recaudar, gastar e invertir

Soplan buenos vientos para la navegación de la economía vasca, según las cifras ofrecidas esta semana por el Consejo Vasco de Finanzas que confirman, para este año, un récord histórico en la recaudación fiscal, santo y seña del crecimiento económico (IRPF e IVA) y su proyección en la gestión del estado de bienestar.

Se abre, por tanto, un escenario bajo un clima esperanzador. No obstante, desde el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales de la CAV se pone especial énfasis en la prudencia dentro del ciclo básico y primario que consiste en recaudar para gastar e invertir.

En principio, la economía vasca crece con firmeza, como bien lo demuestra la objetividad de los números registrados: las diputaciones forales recaudarán 14.367 millones de euros que supera en 595 millones el récord histórico registrado en 2007, año en el que se registró una recaudación de 13.772 millones de euros y que fue el último ejercicio antes de que unos inocentes créditos subprime provocaran la devastadora crisis económica que aún no ha quedado atrás en la medida que seguimos viendo y sufriendo algunas secuelas.

Las reacciones al buen año fiscal no se han hecho esperar. Desde el Gobierno Vasco se dice que “los datos son satisfactorios pero no permiten demasiadas alegrías en el gasto” y Pedro Azpiazu, consejero de Economía, reitera que el margen obtenido con la mejora de la recaudación impide hablar de cuentas expansivas.

Por su parte, la patronal vasca se cura en salud al señalar que no todas las empresas pueden hacer frente a subidas salariales importantes. Por último, el sindicato ELA considera que el Gobierno Vasco rechaza un aumento del gasto público y va “en coherencia” con los pactos establecidos con el Gobierno central al estar alineados con una política neoliberal.

Lo cierto es que las cifras conocidas no son tan buenas. Hay factores que distorsionan la supuesta marca histórica. Por un lado, la cifra final se ve alimentada por los ajustes del IVA pactados con Madrid (600 millones), lo cual reduce la recaudación a 13.767 millones, ligeramente inferior a los 13.772 de 2007. Por otra parte la inflación acumulada en esta última década afecta no solo al poder adquisitivo de las familias, también a la capacidad de gasto de las administraciones públicas. Y los datos son esclarecedores. Según el INE, la inflación acumulada desde el 1 de enero de 2008 representa un encarecimiento del 13,5% en el País Vasco.

Por último, y no menos importante, está la deuda pública vasca que ha pasado de 642 a 10.791 millones desde 2007 al segundo trimestre de 2017. La amortización de la deuda y los compromisos adquiridos con Bruselas y Madrid obligan, en palabras de Azpiazu, a hipotecar 140 millones en los presupuestos para 2018 que se presentarán el próximo día 24 de octubre y que no incluirán sorpresas.

Y tiene su lógica porque el resultado de poner juntos en las mismas coordenadas las previsiones de recaudación fiscal, la inflación acumulada y la deuda pública desmonta la idea de estar ante un récord histórico y, lo que es más importante, reduce el margen de maniobra para el gasto e inversión al Gobierno Vasco, así como para la reforma fiscal en ciernes.

La recuperación del poder adquisitivo tiene pocas alternativas. A nivel familiar, el poder adquisitivo está acotado por los salarios y los impuestos. Si suben los primeros o bajan los segundos subirá el poder adquisitivo. En el nivel global o social, hay una tercera variante, la creación de empleo.

Desde aquellos máximos de 2007 al actual aparente récord ha llovido mucho, tanto que algunos parecen olvidar cómo la economía real (empleo, salarios y consumo) no ha seguido una senda paralela a los datos macroeconómicos. Una senda, además de injusta, marcada por la inestabilidad laboral y la destrucción de empleo, así como por los recortes en la financiación del estado de bienestar. En resumen, ha llovido lo suficiente como para aprender que la prudencia debe ser la actitud adecuada, recurrente y recurrida, para llevar a buen puerto la responsabilidad de gestionar los dineros públicos que, dicho sea de paso, son los que aportamos los ciudadanos.

En este escenario es exigible una buena gestión. Es decir, tanto Gobierno como diputaciones, los únicos con responsabilidad pública en materia fiscal y gasto, deben recaudar bien y saber gastar e invertir con eficacia.