La Eurocámara da luz verde a eliminar el ‘roaming’ telefónico

Los costes suplementarios que las operadoras de telefonía móvil cobran a sus clientes por las llamadas, mensajes o el uso de datos que hacen cuando viajan a otros países de la Unión Europea están destinados a desaparecer de forma definitiva.

El Pleno del Parlamento Europeo dio ayer vía libre al último trámite político con la aprobación de un reglamento sobre el mercado de las telecomunicaciones que prohíbe aplicar sobrecostes a partir del 15 de junio de 2017, lo que significa que a partir de esa fecha las empresas no podrán cobrar a sus clientes cuando llamen desde el extranjero más de lo que les cobran cuando llaman desde su país.

Según indica la Comisión Europea, desde 2007 los costes han caído más de un 80% y hasta un 91% en el caso de los datos. Aunque las operadoras tendrán prohibido como norma general aplicar recargos desde junio de 2017, el reglamento les garantiza un periodo de gracia que empezará a contar desde el 30 de abril en el que podrán seguir cobrando de más a sus clientes.

Durante este periodo transitorio, que se establece entre el 30 de abril de 2016 y el 15 de junio de 2017, podrán añadir 5 céntimos por minuto para las llamadas (frente a los 19 céntimos actuales), 2 céntimos para los mensajes (6 actualmente) y 5 céntimos por megabyte de datos consumidos con el móvil (frente a los 20 actuales).

La nueva normativa incluye una cláusula “de uso justo” para proteger a la industria ante posibles distorsiones de la competencia, lo que permitirá a las operadoras seguir cobrando en determinados casos. Por ejemplo, si un cliente de una operadora francesa de Iparralde se traslada a residir de forma permanente a Hegoalde le podrá aplicar una pequeña tasa, aunque inferior a los límites actuales. Será Bruselas quien tendrá que definir el umbral antes de que termine el año. El reglamento también permitirá a las autoridades nacionales, en circunstancias excepcionales y específicas, autorizar la aplicación de sobrecostes a las llamadas.

En cuanto al tráfico de Internet, la normativa garantiza que los operadores no podrán bloquear ni ralentizar las descargas de contenidos, las aplicaciones o los servicios de operadores o receptores concretos salvo por orden judicial para garantizar el cumplimiento de la ley, evitar la congestión de la red o combatir ciberataques. Además, los proveedores tendrán que informar a los clientes de manera clara antes de la firma de un contrato de Internet fijo o móvil de la velocidad real de carga y descarga que sigue siendo, según los últimos estudios, inferior a la que prometen. En caso de discrepancias, los usuarios tendrán derecho a romper el contrato o recibir una compensación.

Aunque todos los grandes grupos valoraron ayer el resultado, no todos comparten la satisfacción. Verdes, Izquierda y la organización de consumidores europeos (BEUC) criticaron la norma porque consideran que contiene demasiadas lagunas e incertidumbres y permitirá a las operadoras dar prioridad a determinados tráficos de Internet. “El recorte de los costes por el uso del móvil en el extranjero desde abril de 2016 es una buena noticia pero es solo una solución intermedia. Una Europa sin roaming depende de la reforma del mercado de las telecomunicaciones que es una tarea de elefante para lograr en trece meses”, advirtió su directora general, Monique Goyens.