MADRID - Algunos de los usuarios de las polémicas tarjetas black de Caja Madrid han acudido a expertos para tratar de demostrar que las visas que tenían formaban parte de su contratos laborales y, por tanto, de su salario, por lo que no tenían límites para ser usadas a cualquier hora, incluso en festivo. Es lo que defienden el experto en Derecho Financiero y Tributario Ramón Falcó y el catedrático emérito de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya, ambos de la Complutense de Madrid, en los informes que han realizado para los exconsejeros de Caja Madrid Alberto Recarte y Luis Gabarda. Según sus escritos, aportados ya a la causa que instruye el juez Fernando Andreu y a los que ha tenido acceso Efe, estas tarjetas visas fueron un instrumento puesto en marcha por la propia entidad en 1988, bajo la presidencia de Jaime Terceiro, para compensar el ejercicio de la función de consejero.

Falcó subraya que los cargos de las tarjetas de los consejeros no ejecutivos, como Recarte, que gastó 139.900 euros con su black y pidió a Caja Madrid el ingreso en efectivo de los 12.000 euros en los que estaba valorado un reloj que recibió de la caja como obsequio, se contabilizaron correctamente en la cuenta 619202 Órganos de Gobierno Mayo 88. Este catedrático precisa que las correspondientes cantidades cargadas estuvieron sujetas a IRPF, si bien no dispone de datos que confirmen que se aplicaron correctamente por Caja Madrid.

No obstante, asegura que la entidad dedujo en el Impuesto de Sociedades estos gastos entre 2003 y 2010 y la Agencia Tributaria, en la Inspección culminada en 2013, aceptó la deducción de los años 2004 a 2006.

En su opinión, estas inspecciones ponen de manifiesto que fueron una remuneración, pues en otro caso no habrían sido deducibles

La misma tesis expone Montoya, que explica que la tarjeta entregada a Luis Gabarda, que disfrutó de 139.700 euros, era “un elemento” de su salario, de acuerdo con el artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores. Así, las black fueron consecuencia de un contrato de trabajo, y su objetivo era sufragar gastos “exclusivamente del trabajador”. - Efe