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El juez autoriza la venta de azcue a una empresa participada por trabajadores

Malagón acepta el precio de dos millones de euros por los activos del fabricante de muebles de Azpeitia El ofertante es una sociedad laboral limitada formada por inversores industriales y 30 exempleados

El juez autoriza la venta de azcue a una empresa participada por trabajadores

donostia - El juez de lo Mercantil Número 1 de Donostia, Pedro José Malagón, ha autorizado a la empresa Muebles y Maderas de Nueva Línea SLL, una compañía participada por los trabajadores , la venta de los activos del fabricante de muebles Azcue y Compañía, SA, de Azpeitia, que se encontraba en concurso desde diciembre de 2012 por un valor de dos millones de euros, según un auto dictado el pasado miércoles.

En el auto, al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, condiciona la autorización de la venta de los activos de Azcue al compromiso adquirido por el ofertante de “reactivación del negocio y su localización permanente de la producción en Azpeitia”, una consideración que ha sido tenida muy en cuenta por el juez Malagón a la hora de resolver la liquidación de la concursada en favor de la nueva empresa constituida a finales del año pasado.

Los ofertantes deberán en un plazo de un mes abonar los dos millones de euros en los que han sido valorados los activos de la empresa Azcue para proceder a la adjudicación definitiva de las instalaciones, maquinaría y las marcas del fabricante de muebles de Azpeitia.

Muebles y Maderas de Nueva Línea es una sociedad laboral limitada constituida por dos inversores industriales de origen cántabro y 30 trabajadores de la antigua Azcue y Compañía S.A., que han hecho aportaciones individuales que oscilan entre los 10.000 y 20.000 euros en la ampliación de capital de la compañía para arrancar cuanto antes la actividad, una vez que se produzca la adjudicación.

La decisión del juez Malagón se esperaba de un momento a otro, tras el pronunciamiento del administrador concursal en favor de que Muebles y Maderas de Nueva Línea adquiriera la empresa concursada, ya que ha sido la única oferta presentada.

Como es habitual, a partir de la publicación del auto se abre un período de alegaciones por parte de los acreedores y de los presuntos afectados sobre la decisión judicial, con lo que, tras su presumible rechazo, se procederá a la adjudicación definitiva de Muebles Azcue

recursos A tenor del contenido del auto del juez Malagón parece que hay pocas posibilidades de que se pueda aceptar alguna alegación por parte de posibles afectados, ya que el magistrado se ha preocupado de evitar cualquier resquicio que pudiera dar lugar a cualquier interpretación distinta a la que se expresa en el documento.

En este sentido, para evitar actuaciones de la Abogacía del Estado que, suele por norma recurrir la adjudicación de los concursos, Malagón se muestra totalmente explícito a la hora de impedir posible recursos.

“La adquisición no implica para los ofertantes asunción de las deudas de la concursada frente a los acreedores públicos (Agencia Tributaria, Hacienda Foral, Tesorería General de la Seguridad Social, Fogasa, etc.) ni tampoco la subrogación en parte de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la adquisición”, afirma.

Por si todavía hubiera alguna duda Malagón reitera que la adjudicación no supone “transmisión de empresa como un todo, ni hay masa laboral, pues los contratos hace tiempo que se han extinguido, lo que se transmiten son bienes y derechos agrupados”.

En el auto, el juez Malagón desmonta los argumentos de las entidades financieras acreedoras (Bankinter, Caja Rural de Navarra, Banco de Santander, Banco Popular Español, Caixabank y Elkargi) que, al margen de pedir cuatro millones de euros, dentro de un arrendamiento con opción de compra, o de 5,5 millones con subrogación de hipotecas por los activos, se oponían a la oferta de Muebles y Maderas de Nueva Línea por “carecer de solvencia contrastada y no aporta garantía en el mantenimiento de puestos de trabajo”.

La respuesta de Malagón, en este sentido, es rotunda al rechazar que la oferta presentada fuera especulativa o no garantizaba la reactivación de la empresa concursada.

En este sentido, la presencia de trabajadores en la empresa interesada en Azcue es para el juez una garantía sobre la intención de continuar con la actividad de la concursada, así como su compromiso de mantener la actividad durante cinco años y en Azpeitia

“Consideramos que la creación de una sociedad laboral limitada con la participación en el capital de extrabajadores es ya indicativo de que se quiere desarrollar una actividad productiva y no puramente especulativa”, afirma.

Por si hubiera alguna, Malagón establece el plazo de un mes para el pago de los dos millones de euros en los que han sido valorados los activos de Azcue y “si no se abonan en el plazo indicado, la autorización quedara sin efecto”.

La decisión de los adjudicatarios de Azcue es arrancar cuanto antes la producción de pavimentos y recubrimientos de madera, al contar ya contar con dos clientes importantes.