Donostia. Tres directivos de la empresa Lázaro Ituarte de la localidad alavesa de Amurrio fueron detenidos en la tarde del miércoles y trasladados a Bilbao donde pasaron toda la noche en dependencias policiales para ser interrogados sobre la venta de válvulas de níquel a Irán, rompiendo el embargo internacional decretado por la ONU contra este país por el desarrollo de programas nucleares con fines militares.
Al parecer, el origen del traslado e interrogatorio de los tres ejecutivos y el registro de la empresa, está en que la compañía no declaraba a las autoridades españolas el material con el que estaban hechas las válvulas, ya que el níquel es un metal cuya exportación a Irán está expresamente prohibida por la ONU porque junto con el uranio puede ser utilizado para la generación de energía nuclear.
Según las fuentes consultadas por NOTICIAS DE GIPUZKOA, las válvulas que se exportaban desde la fábrica de Amurrio era un buen medio de suministro de níquel, ya que tras su fusión se obtiene el metal necesario para mantener la actividad de las instalaciones nucleares. En este sentido, parece que el flujo comercial de este tipo de aparataje industrial era muy importante.
La operación policial comenzó en la tarde del pasado miércoles, cuando agentes de la Policía Nacional procedieron al registro de las instalaciones de la empresa que no concluyó hasta la mañana de ayer.
A últimas horas de la tarde, tres directivos de Lázaro Ituarte, entre ellos el consejero delegado de Valvospain, el guipuzcoano José Benito Apalategi, fueron detenidos y trasladados a Bilbao para ser sometidos a un interrogatorio. Mientras el personal abandonaba la factoría, previa identificación a la policía.
En el registro, la policía se incautó de varios ordenadores y diversa documentación sobre la relación comercial que la compañía de Amurrio mantiene con Irán, que podría realizarse, aunque este dato no ha podido confirmado, a través de una estructura comercial intermedia establecida en Turquia.
En el caso de que se confirmen las sospechas y la vulneración de las leyes internacionales y españolas, los directivos de la empresa podrían enfrentarse a penas de prisión, al margen de la sanción que tendrá la propia compañía fabricante y que está relacionada con el valor de la mercancía vendida.
Hace aproximadamente dos meses se produjo un caso similar en la empresa Ona Electroerosión de Durango, fabricante de máquina-herramienta, y que también fue objeto de un registro por parte de la Guardia Civil por violar el embargo comercial a Irán. Esta empresa fue acusada de vender maquinaría para fabricar hélices de turbinas.
La empresa Lázaro Ituarte, cuenta con una plantilla de 70 trabajadores y pertenece al grupo Valvospain, formado por dos empresas más dedicadas a la fabricación de válvulas. Este grupo está controlada por el empresario alavés Juan Luis Arregui.
