La Ley de Medidas Urgentes para agilizar la construcción de vivienda ha superado su primer trámite parlamentario gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE, ya que el resto de los partidos políticos han rechazado su toma en consideración. Según sus promotores, la medida pretende ampliar la oferta de vivienda, tanto protegida como libre, a un precio “más asequible”. Y para ello busca flexibilizar la normativa y reducir los plazos de los trámites urbanísticos hasta en un 50%.
La reforma toca hasta seis leyes en vigor, pero afecta especialmente a la del suelo de 2006. Una de las principales novedades es que permite reducir del 75% al 60% los pisos que deben ser de protección oficial en las nuevas promociones; siempre que sea una petición de los promotores por problemas de rentabilidad. Porque, como ha matizado el Departamento de Vivienda, la recomendación es que “todo sea protegido”.
“Sin embargo, cuando la iniciativa es de carácter privado, puede haber ámbitos en los que las cargas de urbanización son tan costosa que es recomendable rebajar el porcentaje para que la cosa sea viable y pueda salir adelante”, explicó recientemente el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso. Además, se mantiene el 55% reservado para vivienda social, como mínimo, y el otro 5% para vivienda de protección tasada.
Esto parte del diagnóstico de que Euskadi dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas. Y que no se moviliza por condiciones urbanísticas, económicas y ambientales. “El 75% de cero es cero”, ha dicho una y otra vez Itxaso. La norma contempla mecanismos para aligerar los plazos por medio de figuras como el “proyecto de actuación prioritaria” –para reducir el trámite de obtención de permisos en tres fases abreviadas– o el silencio administrativo positivo, es decir, que si en el plazo de un mes no hay respuesta prevalezca el sentido positivo y que siga adelante. Según explicaron ayer los promotores de la norma –PNV y PSE– , esto permitirá “ganar hasta ocho meses” en la tramitación.
Al detalle
Vivienda protegida. El texto permite reducir la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, con un mínimo del 55% de vivienda de protección social y el resto 5% en vivienda de protección tasada.
Reserva de suelo. Contempla la creación de una reserva de suelo público que esté a disposición del Gobierno vasco para la construcción de vivienda protegida en alquiler con la cesión gratuita del 15% de los aprovechamientos de los suelos públicos a las administraciones y con mecanismos para compartir los aprovechamientos de suelos residenciales privados (10% para el ayuntamiento y 5% para el Gobierno vasco).
Burocracia. Busca reducir la burocracia hasta en un 50% simplificando los trámites y aplicando el silencio administrativo positivo: si en un mes no hay respuesta, sigue adelante.
Levantes. Permitirá la ampliación en altura de edificios protegidos para generar hasta 2.000 alojamientos nuevos sin consumir más suelo. Es decir, se construirán más pisos sobre edificios ya existentes.
La otra medida estrella es la creación, en colaboración con Eudel, de una reserva de suelo público que esté a disposición del Gobierno vasco para la construcción de vivienda protegida en alquiler con la cesión gratuita del 15% de los aprovechamientos de los suelos públicos a las administraciones –sea el ayuntamiento, el Ejecutivo, la diputación o cualquier sociedad pública–. Además, los consistorios de más de 75.000 habitantes podrán realizar la tramitación ambiental de los proyectos que se lleven a cabo en su localidad, siempre y cuando se garantice la independencia entre el consistorio y la parte promotora, y se permitirá la ampliación en altura de edificios protegidos para generar hasta 2.000 alojamientos nuevos sin consumir más suelo.
Oposición
Hasta ahí los puntos más destacados de esta ley que inicia su tramitación parlamentaria y que el Gobierno vasco espera que esté aprobada antes de finalizar el año. Ahora, el debate político. Durante el pleno, el jeltzale Jonatan Moreno apuntó que “frente al dogmatismo”, su grupo apuesta por “el pragmatismo“, ya que “la vivienda no debería ser una trinchera ideológica y porque las personas jóvenes no pueden esperar más”. “Les tenemos que ayudar a emanciparse en libertad”, indicó. Por su parte, el parlamentario y secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, subrayó que “las cosas tienen que cambiar”, pese a que haya quien pretende que “todo siga igual para seguir sacando beneficio de la especulación”.
No lo ven de la misma forma desde la oposición, que mostró al completo su rechazo a la normativa, como es lógico, con argumentos diametralmente opuestos. Desde las filas de EH Bildu, Xabier Astigarraga lamentó que se llame “dogmático” a su grupo, cuando “el dogma real es creer que el mercado inmobiliario, el mercado de la vivienda y del suelo, es un mercado que funciona perfectamente, y que aumentar la oferta de vivienda libre va a bajar los precios”.
Asimismo, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, expresó su rechazo a una ley “redactada en despachos de la banca y de las promotoras inmobiliarias para favorecer sus propios intereses especulativos con un bien tan necesario como la vivienda. La parlamentaria del PP Ana Morales explicó que su partido comparte algunas de las medidas recogidas en el texto, aunque discrepa de aquellas que “responden a un modelo intervencionista y de izquierdas”. Y, por último la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, afirmó que la proposición de ley tiene algunos aspectos positivos, aunque “peca de falta de audacia a la hora de animar a la inversión privada”.
