Donostia. Iberdrola ha comenzado a cobrar a sus más de 1,2 millones de clientes en Euskadi una cantidad media de entre 27 y 30 euros, que deberán abonar en las facturas desde agosto a diciembre, en concepto del recálculo de sus facturas del año pasado y del primer trimestre de 2012. Este coste para los clientes se distribuirá a lo largo de las facturas que les lleguen hasta diciembre, de tal modo que el incremento mensual apenas superará los cinco euros.

La factura ya se había incrementando en julio en torno a un 3,95% de media. El primer cargo bajo el epígrafe Ajuste de precios se ha dejado notar ya en la tarifa que ha llegado en los últimos días a miles de clientes en la CAV y es extensible al conjunto de las autonomías y a todas las empresas suministradoras. De hecho, este recálculo tiene su origen en el recurso presentado por las compañías prestatarias a la bajada de los peajes de accesos (la parte regulada de los recibos de la luz) aplicada por el Gobierno central en dos reales decretos y que afectó tanto al último trimestre de 2011 como al primero de 2012, concretamente entre octubre y marzo.

En diversos autos, el Tribunal Supremo dio la razón a las empresas eléctricas, que consideraban ilegales estas bajadas y que a partir de ahora podrán cargar a los más de 29 millones de consumidores en toda España por un valor conjunto de 1.400 millones de euros. Dicho de otra manera, ahora recuperarán esa cantidad que en su día dejaron de cobrar.

En Euskadi, donde mantiene la principal cuota de mercado, Iberdrola ingresará más de 32 millones de euros adicionales por este concepto, si bien la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán deberá soportar unos importantes costes globales. "Con diez millones de clientes en el Estado y cinco facturas hasta diciembre estamos hablando de unos 50 millones de facturas que deben ser revisadas", explicaban ayer fuentes de Iberdrola, que cifraban el coste de esta refacturación en unos siete millones de euros.

Las empresas distribuidoras han tenido que modificar también sus sistemas informáticos para efectuar el recálculo de las facturas de sus clientes. La compañía precisa además que, en la parte refacturada de la tarifa, no se aplicará el IVA del 21% a partir de septiembre, sino el del 18%, al corresponderse con consumos efectuados antes de la entrada en vigor de la subida impositiva. Así pues, el nuevo IVA afectará a los consumos que se efectúen a partir del próximo 1 de septiembre pero no a la parte del recargo.

Primas a renovables El cobro adicional afecta tanto a los clientes de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que son la inmensa mayoría y que tienen contratada una potencia de hasta 10 kilovatios, como al resto, que acude al mercado libre y que suele tener contratada una mayor potencia.

Con esas tarifas se costean, entre otros aspectos, las primas a las energías renovables, así como los pagos del déficit de tarifa acumulado y que, según la Comisión Nacional de la Energía, superaba a finales del año pasado los 22.000 millones de euros.

Ese déficit tarifario, que se genera porque los ingresos regulados son inferiores a los costes reconocidos, ha seguido creciendo durante la primera mitad del año. Hasta junio, ascendió a 3.180 millones de euros, según consta en la sexta liquidación provisional realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Este importe duplica el tope legal de 1.500 millones de euros para el ejercicio 2012 y supera en un 49% la previsión realizada en enero por la CNE, así como en un 43% el déficit de los seis primeros meses del año pasado.

Organizaciones de consumidores como Facua suelen criticar, sin embargo, "el modo opaco" en que se calculan los costes de la luz y que permite a las compañías "seguir ganando mucho dinero". En cualquier caso, la Comisión Nacional de la Energía confía en que el desajuste pueda ir corrigiéndose durante el año gracias precisamente a la aplicación en los últimos meses de las refacturaciones ordenadas por el Tribunal Supremo. Esto permitiría acabar el año con un desfase de apenas 1.514 millones de euros, únicamente 14 millones de euros por encima del tope legal fijado.