Hacienda amplía el recargo del 150% del IBI a toda segunda vivienda no arrendada o cedida

Según los últimos cálculos, en el territorio hay alrededor de 13.200 inmuebles habitables que serían susceptibles de ser considerados vacíos, si bien este término es ambiguo y no ha sido concretado por la regulación en materia de vivienda en Euskadi porque su determinación puede llegar a ser de elevada complicación técnica, tal como resalta el erario guipuzcoano en el proyecto de norma foral. Esa es la motivación que ha llevado al departamento foral a prescindir del concepto de vivienda vacía y entender que todo inmueble que no sea residencia habitual y no esté sujeto a contratos de arrendamiento o de cesión de uso ha de ser gravado en mayor medida, una decisión que recae en última instancia en cada ayuntamiento de Gipuzkoa, que tendría así la vía libre para tratar de buscar un incremento recaudatorio en un momento en el que las arcas municipales se encuentran maltrechas.

Si las Juntas Generales dan el visto bueno a la norma que plantea la Diputación y posteriormente los consistorios se decantan por extender a sus regulaciones el recargo, entonces un buen número de propietarios de inmuebles verán sensiblemente incrementado el importe a pagar en el IBI, algo que sucederá muy posiblemente en más de 13.200 casos. Y es que no se puede olvidar a todas aquellas viviendas que están alquiladas sin mediar contrato, dentro de la economía sumergida, y tampoco las que han sido cedidas a título gratuito -generalmente a familiares- sin que se haya formalizado a través de contrato. Existen otros casos en los que una persona mayor dependiente ha tenido que dejar desocupada su vivienda para vivir en el hogar de sus hijos que la cuidan.

Fuentes municipales advertían ayer a este periódico de que la modificación que pretende la Diputación puede provocar que muchos ciudadanos, principalmente miembros de una unidad convivencial, se empadronen en la localidad en la que se encuentra el inmueble desocupado, como puede ser el caso de un matrimonio que reside en el interior del territorio y dispone de un piso en la costa. Ello supondría un desplazamiento poblacional que afectaría a los ingresos del ayuntamiento de origen en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal, cuyas aportaciones se basan en el número de habitantes.

Fiscalidad "equitativa" Esta propuesta del Ejecutivo foral proviene, en primera instancia, del acuerdo alcanzado a finales del año pasado entre Bildu, el PSE y Aralar para promover en el territorio una política fiscal "más equitativa e igualitaria", aunque este cambio ya había sido solicitado hace años por Ezker Batua. En ese pacto se recogía la posibilidad de gravar en mayor medida a la vivienda vacía. En el último Pleno de las Juntas Generales, celebrado el pasado día 7, se aprobó una propuesta de resolución en la que se instaba a la Diputación a modificar la norma foral 12/1989 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con el fin de aplicar un recargo a toda segunda vivienda. En la votación el PSE se abstuvo porque prefirió analizar el alcance que puede tener que, en lugar de piso vacío, la norma hable de segunda vivienda.

A pesar de que la norma foral del IBI permite ya a los ayuntamientos que apliquen el recargo del 150% a las viviendas vacías, no todos lo incluyen en sus ordenanzas fiscales. Por ejemplo, Donostia y Eibar no lo hacen pero sí conceden una bonificación del 50% de la cuota para los inmuebles incluidos en el programa de vivienda vacía del Gobierno Vasco, con el que se busca reducir el número de casas que no se utilizan.

Irun, sin embargo, sí contempla un recargo del 50% para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Para determinarlos, establece que esas viviendas han de permanecer sin habitantes empadronados durante más de tres meses en el curso del ejercicio impositivo, salvo en el caso de que estén en proceso de venta o alquiler. Además, que tengan un consumo por contrato de suministro de agua domiciliaria inferior a diez metros cúbicos por persona y año.

La normativa foral actual no entra a definir qué es una vivienda vacía y se limita a recoger la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen un recargo del 150% de la cuota líquida del IBI a los "inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente". Además, exige que la desocupación de la vivienda sea constatada por medio de un acto administrativo dictado por el consistorio en el que se encuentre el inmueble.

Con el cambio propuesto por el Ejecutivo de Bildu, ya no será necesario que exista ese acto administrativo y, así, se invierte la carga de la prueba, que pasa a recaer en el contribuyente, quien tendrá que acreditar que su segunda vivienda está arrendada o cedida.

Por otro lado, en el proyecto de norma foral también se incorpora la anunciada rebaja desde los dos millones de euros actuales a un millón de euros del mínimo de facturación requerido para tributar en el Impuesto sobre Actividades Económicas, también de gestión municipal. También plantea modificar los coeficientes de ponderación sobre los que los municipios pueden incrementar las cuotas fijadas en las tarifas del impuesto. De ese modo, los ayuntamientos podrán elevar notablemente su recaudación por este tributo.