madrid. El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado. Así lo adelantó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, que especificó que las limitaciones afectarán a las entidades que hayan sido rescatadas directamente por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), o que hayan recibido dinero público de esta misma entidad a través de créditos blandos (al 7,75% de interés). En el primer supuesto se encuentran los máximos dirigentes de Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia (no podrán cobrar más de 300.000 euros), mientras en el segundo supuesto están los responsables de Bankia (Rodrigo Rato), Banca Cívica (Enrique Goñi y Antonio Pulido), Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN).

En el caso de las entidades intervenidas, a la cabeza de los sueldos está el presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, que percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros. El director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros. En Novagalicia, el presidente José María Castellano, y el consejero delegado, César González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros. Con la nueva normativa, los presidentes de estas entidades registrarán una reducción del 76% en sus salarios y los consejeros, del 66%.

En el caso de las entidades que han recibido créditos blandos para refinanciarse, el que más cobra es el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, con una remuneración anual de 2,34 millones de euros, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, que recibe 2,26 millones. El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente, Enrique Goñi (Caja Navarra), reconocieron 900.000 euros (más 300.000 en conceptos variables), en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario de 450.000 euros. En este caso el salario de la alta dirección registrará un descenso de entre el 67% y el 65%.

Pero no solo los presidentes, consejeros delegados o altos directivos de las entidades verán limitados sus ingresos, también lo harán los miembros de los consejos de administración. Así, para las cuatro entidades intervenidas por el Estado, el límite de sueldo de sus consejeros estará en 50.000 euros, mientras en las cuatro que han recibido fondos, el límite se sitúa en los 100.000 euros. En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable (pluses) y los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido. En el caso de las entidades intervenidas, el Gobierno ha eliminado para todos sus directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.