Donostia. Gipuzkoa no es Estocolmo (Suecia), donde "defraudar al fisco está peor visto que robar". Son palabras que el diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, empleó el miércoles en una jornada-debate organizada por su partido, Hamaikabat, en su nueva sede de Donostia: "Aquí, la gente reacciona a la contra cuando ponemos un teléfono que permite realizar denuncias anónimas de casos de fraude. Quizá, porque sienten que uno mismo puede ser sujeto de una llamada. Vivimos en una sociedad de pillos".
El propio González se refería con estas palabras a los datos registrados desde la entrada en funcionamiento, hace un año, del teléfono habilitado por Hacienda como medida extra para controlar el fraude fiscal por la vía de la participación ciudadana. Una línea que permite al denunciante mantener su anonimato y que, en contra de los temores que había causado su implantación en partidos como PP, Aralar y EB -creen que induce a la acusación gratuita y no ataca las bolsas de fraude- sólo ha registrado 132 chivatazos en un año. "No ha habido una oleada de denuncias, como temían algunos. Al contrario, los guipuzcoanos han sido responsables con el uso de este teléfono", confirmaba un portavoz de Hacienda a este periódico el jueves.
Los datos reflejan que el teléfono antifraude ha registrado poco más de una denuncia cada tres días. Y, sin embargo, el propio teléfono ha sido la herramienta más útil entre las que contempla el Servicio de Colaboración Ciudadana, que también permite denunciar fraudes a través de Internet, correo electrónico, papel o en persona.
Precisamente, las denuncias registradas por el conjunto del Servicio de Participación Ciudadana en el último año ascienden a 318, una cifra que cuadriplica las 71 acusaciones que se recibieron hace sólo dos años, en 2008, a través de este servicio. La progresión es evidente.
Por su parte, además de las 318 delaciones, otras 92 fueron descartadas, en su mayoría por reiteración (62), pero también por prescripción de los delitos denunciados, por ser acusaciones infundadas, no contener relevancia tributaria o bien no concretar los hechos, aspecto éste último que tuvo especial repercusión en las denuncias realizadas a través de Internet.
La Red fue la herramienta más utilizada por los usuarios, pero no la más eficiente, puesto que de los 166 casos delatados, sólo 109 fueron admitidos. En este aspecto, el teléfono, que sonó 148 veces en total, registró más denuncias válidas, 132, exactamente un 41,5% del total.
ocho casos, al plan de inspección El perfil de los denunciados, según Hacienda, es "principalmente el de personas físicas que no declaran ningún tipo de actividad empresarial o profesional y perciben, en la mayoría de los casos, otro tipo de ingresos (pensiones y/o rendimientos). Por su parte, en el caso de ejercicio de actividad, el mayor número de denuncias se concentran en el arrendamiento de inmuebles (51).
En el caso de ejercicio de actividad, 198 de las denuncias son contra empresarios, 48 contra personas sin actividad declarada, 57 contra profesionales, 4 contra asociaciones y hay otras 11 no clasificadas.
En cuanto al contenido de los hechos denunciados, destacan los casos por ingresos no declarados (103 de las 318), actividades sin declarar (87) y retribuciones en negro (22).
Por otra parte, en 63 de las 318 denuncias se ha aportado algún tipo de información con diverso valor probatorio. De los 318 casos, 44 están sometidos a estudio para determinar si procede la inclusión en el Plan de Inspección, en el que por el momento sólo se han incluido ocho denuncias ciudadanas.
Además, los datos aportados en 166 acusaciones se van a incorporar al nuevo sistema informático Ikus para su posterior seguimiento y en otros 13 casos se ha informado del contenido de las denuncias a otros departamentos o administraciones, por ser de su competencia. Los casos archivados son 41.
