Los recortes a los pensionistas y funcionarios copan el 40% de los 15.250 millones de ahorro

Madrid. El duro ajuste fiscal que aprobó ayer el Gobierno se basa principalmente en los recortes sociales a pensionistas y funcionarios, dos colectivos que sufrirán como nadie el tijeretazo de Zapatero. El Ejecutivo socialista prevé ahorrar más de 6.000 millones de los 15.250 millones previstos en los años 2010 y 2011 con el recorte de los salarios de los funcionarios y la congelación de las pensiones, lo que supone el 40% del total.

El recorte salarial para todos los empleados públicos aprobado por el Consejo de Ministros oscilará entre el 0,56% y el 7% dependiendo del grupo y nivel, y se aplicará tanto al salario base como a la antigüedad a partir de la nómina de junio próximo.

En la rueda de prensa posterior la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, explicó que la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que la paga extraordinaria de junio no se verá afectada, dado que ya ha sido prácticamente devengada.

Del recorte total que se llevará a cabo en 2010, el 30% se restará de la paga extra de diciembre, en tanto que el 70% restante se repartirá entre las siete nóminas que se cobrarán entre junio y diciembre.

La rebaja salarial llegará al 8% en el caso de los directores generales, al 9% en el de los subsecretarios y al 10% para los secretarios de Estado, en tanto que los ministros, los vicepresidentes y el presidente del Gobierno se rebajarán su salario el 15%.

El recorte mínimo, del 0,56%, será para los trabajadores del grupo E, del 2,75% para el C2, del 4,5% para el C1, del 5,75% para el A2 y del 7% para el A1.

Asimismo, dentro de la Administración General del Estado tanto los complementos específicos como el de destino se reducirán en un 5%, menos en el caso del grupo E, para el que bajará sólo el 1%.

Para el personal laboral de las administraciones públicas se ha previsto una bajada media del 5%, pero tendrá que negociarse su progresividad para los diferentes niveles salariales, dado que estos empleados tienen sus propios convenios colectivos.

En caso de que no se consiga acordar un escalado, al personal laboral se le aplicara de manera general una bajada del 5%.

En lo que respecta al sector empresarial estatal, el recorte sólo será aplicable a los cargos directivos, si bien no se ha especificado cuál será su cuantía.

En el caso de los empleados de comunidades autónomas y ayuntamientos, se bajará el 2% el salario base, mientras que el otro 3% se aplicará a las retribuciones complementarias.

El Gobierno confía en que todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, respalden el decreto-ley de medidas de recorte del gasto público porque, pese a las discrepancias con algunas de ellas, "el conjunto es equilibrado".

Fuentes del Ejecutivo se mostraron convencidas de que el decreto saldrá adelante en su tramite parlamentario porque confían en que el Partido Popular no vote en contra, al igual que algunas formaciones nacionalistas. Las mismas fuentes explicaron también que el decreto -que se publicará mañana sábado o el domingo- podría debatirse la próxima semana en el Congreso, aunque para esto es necesario que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en que así sea.