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La Zegama-Aizkorri ya está en marcha
El juez levanta la intervención sobre la empresa Roza Cabera en el caso de la Hacienda de Irun
la compañía está personada como acusación popular Ordena a José María Bravo que abone el dinero recibido en 2007 por la venta de sus acciones en la firma cacereña
Donostia. El juez que instruye en los juzgados de Irun las diligencias previas del caso de las presuntas malversaciones llevadas a cabo en la oficina de la Hacienda foral en la ciudad fronteriza, Julián García Marcos, ha ordenado el levantamiento de la intervención judicial sobre la empresa cacereña Roza Cabera, de la que era socio el principal imputado en la causa, José María Bravo.
Una vez que quien fuera jefe por delegación de la sucursal tributaria irundarra vendiera sus participaciones en ella en el año 2007, la compañía solicitó al juez que se retirara la intervención que pesaba sobre sus cuentas. Esta compañía, dedicada al fomento de actividades de ocio en el valle cacereño del Jerte, está actualmente personada como acusación popular en el procedimiento que se instruye desde hace más de dos años en los juzgados irundarras.
El juez encargado del caso, en un auto con fecha del pasado 30 de octubre, determina que se levante la intervención judicial que pesaba sobre Roza Cabera y que se mantiene para las otras empresas a las que estaba vinculado Bravo y que, según la acusación de Fiscalía, fueron presuntamente receptoras de parte del dinero malversado.
El Ministerio Público considera que el antiguo responsable de la oficina de la Hacienda foral en Irun se apropió supuestamente de unos 1,7 millones de euros procedentes de deudas abonadas por contribuyentes y que luego no fueron ingresadas en las arcas de la Diputación.
En estos momentos la Agencia Tributaria está realizando un peritaje sobre las cuentas forales, una prueba solicitada por la Diputación -personada en el caso como acusación particular- para confirmar que deudas cobradas por Bravo no figuran en las arcas de la Institución guipuzcoana.
En su auto, el juez también ordena a Bravo que abone al juzgado de instrucción número dos de Irun las cantidades que percibió por la venta de las participaciones en Roza Cabera, donde únicamente poseía el 0,33% del capital, lo que suponía hace dos años unos 600 euros.