La oferta de pisos destinados al alquiler estable en Donostia se ha reducido al menos un 30% en los últimos cuatro meses, según aseguró ayer el alcalde, Eneko Goia, en el transcurso de una comparecencia para explicar la labor llevada a cabo por el Gobierno municipal para pedir que la ciudad, o partes de ella, sea considerada zona tensionada de alquiler, como permite la Ley Estatal de Vivienda, pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu. El diagnóstico ofrecido va en la línea de lo señalado en un estudio dado a conocer este pasado jueves.
En una comparecencia solicitada por EH Bildu, Goia manifestó que, según a qué fuentes se consulte, la oferta de alquiler a largo plazo se ha reducido entre un 30% y un 50% desde la entrada en vigor de la citada Ley de Vivienda, a la que el Gobierno Vasco ha presentado un recurso por considerar que invade competencias.
Un rastreo realizado por Donostiako Etxegintza en el portal Idealista, además, ha constatado que de abril a julio las ofertas de alquiler han pasado de 130 anuncios a 90.
Goia añadió que, según los expertos, “se ha producido una progresiva retirada de viviendas” y muchos arrendatarios optan por vender o dedicar su piso a otros alquileres, como los de estudiantes. “El estrechamiento de la oferta está generando un incremento de precios y de la dificultad para ser aceptado como inquilino”, señaló el mandatario del PNV. Por ello, Goia consideró que la Ley Estatal de Vivienda “no parece que ha dado lo que buscaba dado que se ha producido una rápida contracción del mercado del alquiler”.
Además, el primer edil explicó los pasos dados por el Ayuntamiento para cumplir con la moción aprobada por el Pleno en mayo, que pedía solicitar al Ejecutivo de Vitoria la declaración de zonas tensionadas de vivienda para poder poner topes al precio de los alquileres.
Entonces, a pesar de su voto positivo, los jeltzales advirtieron que aplicarían la ley si “puede mejorar el mercado del alquiler”. Ayer, Goia dijo que la solicitud del Pleno fue remitida el 15 de mayo al consejero de Vivienda, Iñaki Arriola. Además, señaló que el departamento de Vivienda del Gobierto Vasco “continúa trabajando en la definición técnica de estas zonas” en coordinación con las diputaciones y el Eustat.
Con la información completada, se abrirán los trámites de información pública previstos en la ley y tanto Donostia, como otros municipios vascos que también lo han solicitado, tendrán que aprobar un plan con medidas y un calendario de aplicación.
Además de Donostia, también las localidades guipuzcoanas de Irun, Errenteria, Eibar, Lasarte-Oria, Hernani, Pasaia, Zumarraga, Andoain y Ordizia han solicitado lo mismo a Lakua, al igual que Bilbao.
A pesar de haber formalizado la petición al Gobierno Vasco, Goia recordó que la ley estatal está recurrida por el Gobierno Vasco y que, según informes del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, la nueva ley española regula asuntos concretos que no están en la legislación vasca, pero son competencias de Euskadi. Por ello, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu cree que la normativa estatal ocupa un espacio en el que se pueden desarrollar políticas vascas de vivienda, lo que “genera inseguridad” sobre la normativa que se debería aplicar.
Por su parte, tanto EH Bildu como Elkarrekin Donostia han defendido en los últimos tiempos la aplicación de las medidas previstas en la norma estatal, con el fin de poner límites a los precios del alquiler.
"Recuperación inmediata"
En su comparecencia sobre la tramitación de las zonas tensionadas y el mercado del alquiler de Donostia, Goia consideró que una de la medidas necesarias para aumentar la cantidad de pisos en arrendamiento debe ser “articular garantías generales de recuperación de la vivienda“ de modo inmediato para los propietarios no profesionales.
Para ello, sugirió la agilización de los procesos con, por ejemplo, la creación de juzgados especializados y otras medida. También abogó por la puesta en marcha de “mecanismos de garantia pública e inmediata y automática de pago” ante la declaración de vulnerabilidad por impago.
A juicio del alcalde, también deben establecerse medidas fiscales de deducción a rentas de alquiler y, “sin duda, incrementar los parques públicos de alquiler”.
