El alcalde de Donostia, Eneko Goia, señaló este martes que “urge” la firma de la compraventa de los terrenos de los cuarteles de Loiola, el último paso imprescindible para que la ciudad pueda empezar a materializar el proyecto de creación de un nuevo barrio, con entre 1.500 y 1.700 viviendas. El plan cuenta con el apoyo de todas las formaciones políticas de la ciudad pero no puede avanzar sin la transmisión de los terrenos, pactada el pasado noviembre entre el Consistorio y el Ministerio de Defensa.

La convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio hace que el alcalde tema que un posible cambio de color en la Moncloa, liderado por PP-Vox, ponga en peligro la compra acordada y dé al traste con una de las reivindicaciones más antiguas de la ciudad para lograr un amplio espacio en el que construir viviendas.

Ya el primer fin de semana de julio, Goia habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para solicitarle la firma de la compraventa de los terrenos a la mayor brevedad y la ministra señaló que se llevaría a cabo, según relató el regidor donostiarra.

“Ya le hemos dicho a la ministra que el tema urge”, manifestó este martes Goia. “No se ha firmado la compraventa. No hay novedades”, admitió el mandatario jeltzale, que reconoció su “preocupación” y señaló que “ahora hay que dar el siguiente paso”.

“Tengo el compromiso de la ministra, que me ha dicho que el tema sigue el curso de tramitación ordinaria y sigue dando pasos, pero no ha concretado más”, manifestó el regidor donostiarra.

Goia recordó que los pasos que tenía que dar el Ayuntamiento “ya están dados por nuestra parte” y agregó que “los terrenos están desafectados, pero falta la firma”. “Hemos dicho que esto urge y la ministra ha señalado que se compromete a dar los pasos necesarios sin más aclaración. Yo voy a insistir y si la firma puede ser antes de las elecciones lo será”, dijo. “Nadie sabe lo que pasará después del 23 de julio”, añadió.

“Yo voy a insistir y si la firma para la compraventa puede ser antes de las elecciones lo será”

Eneko Goia - Alcalde de Donostia

 El precio acordado por los terrenos de los cuarteles de Loiola entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa Ayuntamiento es de 73,3 millones, a pagar en tres partes. El primer pago es de cinco millones y el segundo de 65, una cifra consignada en los presupuestos de este año que se abonaría a los seis meses del primer abono. El resto, correspondiente al precio de las casas para militares del camino de Uba, se trasvasará al final del proceso. 

Los temores del Gobierno municipal a que haya un cambio de tercio respecto a la venta de los cuarteles de Loiola se fundamentan en que, durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, el Gobierno de España rechazó la venta de los cuarteles de Loiola en varias ocasiones porque los consideraban “estratégicos para la defensa nacional”. También lo hicieron los Ejecutivos anteriores.

Más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a Vox, que había presentado un recurso para incluir en el Plan Especial del Patrimonio Histórico Construido (Peppuc) los edificios más representativos del conjunto de los cuarteles, que no formaban parte del documento de protección patrimonial aprobado por el Consistorio.

A pesar de que el Ayuntamiento recurrió en casación contra esta decisión, el alcalde, Eneko Goia, anunció, que los citados inmuebles, denominados Infanta María Teresa e Infanta Mercedes e inaugurados en 1926, se destinarían a equipamientos, por lo que podrían acoger centros culturales, ambulatorio y otros servicios, pero no viviendas, por lo que no requieren el derribo.

Los pisos, según el proyecto que maneja el Ayuntamiento, se asentarían en la gran superficie de 17,5 hectáreas, ocupada ahora por pabellones.

Otro proyecto de vivienda proyectado en Donostia que podría quedar afectado si los postulados de Vox toman fuerza en el futuro Gobierno de España es la segunda fase de Txomin Enea, donde se ubica la actual cárcel de Martutene. 

Cárcel de Martutene

A pesar de que la construcción de la nueva prisión de Zubieta está ya muy adelantada, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dijo el pasado lunes junto al centro penitenciario donostiarra que su formación recurriría para evitar el derribo de la vieja cárcel (imprescindible para el desarrollo del nuevo barrio) a causa de su “enorme importancia por su simbolismo en la lucha contra ETA”. 

En el espacio que ocupa ahora la prisión de Martutene, que sustituyó a la de Ondarreta hace siete décadas, está previsto construir cerca de 600 viviendas.