La directora de Euskal Kirol Portuak (EKP), Edurne Egaña, que deberá declarar por la querella presentada por un titular de amarre del puerto donostiarra –que le acusa de prevaricación, coacciones y acoso–, ha renunciado a la opción de defensa ofrecida por el Gobierno Vasco, de quien depende la gestión de los puertos.

Así lo señaló la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en la respuesta escrita ofrecida al parlamentario de EH Bildu Ibai Iriarte, que preguntó, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo autonómico tenía intención de asumir la defensa en los tribunales de la directora de EKP.

A la pregunta de Iriarte sobre si la actual situación de imputación de la directora de EKP cumple el Código Ético del Gobierno, Tapia contestó que, ante la citación judicial, “el caso ha sido trasladado a la comisión de Código Etico de Cargos Públicos”, que aún no ha hecho pública su resolución.

Como se recordará, en primavera del pasado año, EKP inició un proceso para reasignar los 384 amarres de embarcaciones de recreo del muelle. Tras los recursos de los excluidos en las primeras listas, EKP rehízo la selección, lo que fue criticado por los perjudicados, que se quedaban sin plaza, algunos de los cuales acudieron a los tribunales. Uno de ellos presentó la querella que ha sido admitida a trámite.