La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, defendió ayer la suspensión de la licencia al Basque Backers Urban Hostel, ubicado en el paseo de Arriola, que se produjo el pasado mes de julio, porque los planos presentados por el promotor “son erróneos y, por lo tanto, la licencia que se dictó sobre la bases de dichos planos no se puede considerar conforme a Derecho”.
La corporativa del PNV respondió así a la interpelación presentada por el portavoz del PP, Borja Corominas, que acusó al Gobierno municipal de “dar un giro de 180 grados por autorizar” el alojamiento y, después, tras el rechazo frontal de los vecinos, que aludían a la imposibilidad legal de permitirlo por hallarse en un sótano, revisó la documentación y encontró errores en los planos.
En concreto, Arzallus manifestó que el semisótano, en el que sí se puede habilitar un alojamiento, ocupa menos del 60% del espacio y no más. Esta circunstancia invalidaría la licencia otorgada con anterioridad por el propio Consistorio.
Por ello, el Ayuntamiento se retirará del pleito interpuesto por la vecindad del edificio, disconforme con el hostal, y esperará a un pronunciamiento de los jueces.
El albergue, ubicado en el local bajo del paseo de Arriola 15 al 21, ha sido creado por la empresa local Liderko SA, que ha invertido cerca de cinco millones de euros y lo tenía listo para el mes de julio, con compromisos para acoger a jugadores de la Donosti Cup, que se tuvieron que suspender.
La empresa sostiene que tiene cuatro informes favorables del propio Ayuntamiento y que solo espera la licencia de primera utilización, con la esperanza de recuperar el cerca de medio millón de euros no ingresados desde hace cuatro meses.
El espacio, de unos 2.600 metros cuadrados, ha sido acondicionado con 26 habitaciones de entre cuatro y 14 camas destinadas a grupos juveniles, cuadrillas y familias.
Las comunidades de vecinos se mostraron desde el principio de la obra contrarios al albergue, tanto por el ruido que podría generar como por la escasez de aparcamiento en el entorno y el incumplimiento de las normas. “El proyecto no cumple con la normativa recogida en el Plan General, así como en la normativa de carácter técnico que resulta de aplicación”, que han quedado “demostrados”, dicen los residentes opuestos al albergue.
