Donostia aprueba un plan antifraude para recibir los fondos Next Generation
La Junta de Gobierno acepta la aportación europea de 4,4 millones para turismo, de los 18 comprometidos hasta ahora
- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia aprobó ayer un plan de medidas antifraude para cumplir con las exigencias de la Unión Europea a todas las administraciones que participan en la puesta en marcha de medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation).
Por el momento, Donostia tiene comprometidos 18 millones de euros de estos fondos. El plan antifraude persigue garantizar que el dinero que llega a cada administración se emplea de acuerdo con las normas aplicables. Así, estipula sistemas para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Así lo explicó ayer el alcalde, Eneko Goia, que recordó que la Junta de Gobierno aceptó también formalmente la cantidad de 4,4 millones de euros de los citados fondos. Esta suma está destinada al ámbito turístico y se divide en cuatro ejes: 1,2 millones se destinarán a la transición "verde y sostenible", otros 1,4 millones a la transición energética, 1,1 millones a la digital y 700.000 euros a la competitividad.
Por otra parte, la reunión semanal de los concejales del Gobierno municipal dio luz verde al concurso para el acondicionamiento del local destinado a ser sede del Distrito Este en Jolastokieta (Altza). El presupuesto es de 346.300 euros y el plazo de obras de seis meses, una vez que sean adjudicadas.
La sede del Distrito Altza contendrá también una zona de Udalinfo, con dos máquinas de autotramitación, a la que se podrá acceder cuando estén las oficinas cerradas.
También salió a concurso la obra para conectar el parque fluvial de Txomin Enea con el paseo de Lugañene, junto a la rotonda del Polígono 27. En este caso, la obra se licita en 181.600 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
La Junta de Gobierno también dio su visto bueno a las condiciones para encargar el servicio de atención diurna a personas en exclusión (Hestia), por 510.700 euros al año y un periodo de dos, prorrogables a otros dos.
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