Donostia - El comité de arrendatarios de La Bretxa -el conjunto de comerciantes que pagan alquileres a la empresa responsable de la concesión municipal- pidió ayer públicamente al Consistorio que rebaje el canon de 500.000 euros al año, una cantidad que la empresa gestora no satisfizo el pasado año por los problemas económicos que aquejan al complejo.

Los arrendatarios recuerdan que este canon es “por lo menos tres veces más de lo que paga otro centro comercial situado en el centro de la ciudad, de superficie similar”, en alusión al centro San Martín, y consideran que la importante suma puede estar en el origen del declive comercial que afecta a este espacio, que nació en el año 2000 tras una remodelación del viejo mercado. Tras un periodo en manos de una empresa francesa, fue retomado en 2009 por Auxideico Gestión SA. Esta firma fue adquirida en 2010 por el grupo alemán ECE Projecktmanagement, que gestiona un amplio número de centros comerciales en Europa.

La rebaja del canon anual es una de las peticiones que Auxideico Gestión SA ha remitido al Ayuntamiento que, por su parte, ha ofrecido vaciar de negocios el edificio de La Pescadería y entonces modificar la suma anual. También los cines Ocine han pedido durante meses que Auxideico les baje a ellos el alquiler mensual de 30.000 euros por las salas cinematográficas, pero sin éxito, lo que llevó a que presentaran un ERE de extinción de la empresa que anteayer fue levantado.

La situación de declive del espacio comercial, con numerosos locales de hostelería y comercio vacíos, y la intención del Gobierno municipal de instalar en él el ambulatorio para la Parte Vieja y el Centro de la ciudad, así como otras dependencias públicas como la oficina de turismo y un gimnasio, hace que pese una gran incógnita sobre el complejo compuesto por dos edificios históricos y un subsuelo en el que se asienta un supermercado y puestos de alimentos frescos.

“Todo atado” El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, aseguró ayer que, aunque no hay nada firmado entre el Ayuntamiento y la concesionaria, “las cosas están atadas” tras las distintas conversaciones mantenidas, por lo que expresó que no tiene “dudas” de que la operación se materializará tal y como anunció la pasada semana. Es decir, que la supresión de los negocios de la Pescadería y la habilitación de servicios públicos será una realidad. Para Izagirre, las dudas existentes sobre el futuro del edificio “son crear un debate donde no lo hay”. Asimismo, se reafirmó en la necesidad de “recuperar ese espacio público” porque el modelo diseñado con anterioridad “no es válido.”