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Etxegintza revisa a los inquilinos de VPO de alquiler

Al menos una decena de familias deberán abandonar pisos de Errotaburu y Bidebieta por superar los ingresos En más de 20 años no se había hecho un seguimiento

Etxegintza revisa a los inquilinos de VPO de alquiler

donostia - Etxegintza ha empezado a revisar la situación de los inquilinos de viviendas protegidas de alquiler y al menos una decena de familias de los 190 pisos de la plaza de Lasarte, en Errotaburu, y de Serapio Mujika, en Bidebieta, deberán abandonar sus casas. Se trata de inquilinos que superan los ingresos máximos para acceder a una VPO o que tienen otras propiedades.

El concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran, explicó ayer que hasta ahora no se había revisado nunca la situación de los arrendatarios de VPO, lo que ha dado lugar a incongruencias por parte de algunos inquilinos. En principio, los contratos de alquiler que todos ellos firmaron al resultar adjudicatarios eran de cinco años, pasados los cuales han seguido habitando en los pisos puesto que ninguna de las dos partes ha extinguido el contrato. El problema es que cinco o 20 años después, hay familias cuya situación ha mejorado y que no deberían ser destinatarias de viviendas protegidas.

Burutaran reconoció que la situación es grave y que tras analizar a los inquilinos de dos bloques de VPO han comprobado que hay irregularidades. En el caso de Bidebieta, cinco familias deberán abandonar sus pisos porque ingresan más de 39.000 euros al año o, en uno de los casos, porque los ingresos proceden de rentas de otras propiedades.

La situación que se han encontrado en la plaza de Lasarte es peor, ya que se trata de viviendas sociales adjudicadas en 1994 y en 20 años no se ha revisado su situación. Burutaran explicó que cuatro inquilinos deberán abandonar sus casas por superar los 39.000 euros y que se estudia el caso de hasta 20 inquilinos que tienen otras propiedades. Si son titulares de más del 50% de una vivienda en cualquier lugar del Estado deberán también abandonar los pisos; lo mismo sucederá si el porcentaje es menor pero su valor es superior a 75.000 euros.

Para acceder a una vivienda social el límite de ingresos es de 25.000 euros y hay más familias que superan esa cifra pero que sí cumplen los requisitos de una VPO general, por lo que seguirán en sus casas aunque se actualizará su renta.

Y es que otro de los cambios aprobados por Etxegintza es que la renta de estos pisos se adecue a los ingresos. Esto implicará que a los inquilinos de Errotaburu y Bidebieta se les encarecerá o abaratará el alquiler dependiendo de su situación actual.

la mayoría vencidos Burutaran explicó que Etxegintza está revisando dos bloques más de viviendas protegidas en estos momentos y que continuará hasta completar los 1.841 pisos que completan su parque en régimen de alquiler. 1.317 corresponden al régimen general, 283 son apartamentos para jóvenes y 241 apartamentos para mayores. La mayoría de ellos fueron adjudicados hace más de cinco años, por lo que no tienen un contrato en vigor y su renovación dependerá de que cumplan los requisitos exigidos.

Además de los ingresos máximos, se exige que no se tenga en propiedad otra vivienda, que no se ejerzan actividades profesionales en ella ni se subarriende y que se mantenga en condiciones adecuadas. En las revisiones efectuadas hasta el momento también han encontrado casos en los que se subarrendaba alguna habitación, gente que no tenía el título que la acreditaba como adjudicataria de la vivienda o personas que no estaban pagando el alquiler. En este último caso, si la persona está en situación de atención social se buscará una solución, pero de lo contrario también deberá abandonar el piso. Entre el resto de irregularidades, el concejal destacó que había algún caso en el que los ocupantes superaban "muy ampliamente" el límite de ingresos y otro en el que eran propietarios de otra vivienda al 100% en Donostia.

Burutaran explicó que no es competencia del Ayuntamiento decidir si corresponde sancionar estos casos, por lo que se limitará a no renovarles el contrato y a desalojar a quienes no cumplan los requisitos para volver a adjudicar las viviendas que se queden vacías a ciudadanos que sí los cumplan. Además, a partir de ahora los nuevos contratos serán de tres años, tras los cuales se volverá a revisar la situación de los inquilinos.

Etxegintza. Etxegintza gestiona 1.841 viviendas de alquiler: 1.317 de régimen general, 283 apartamentos para jóvenes y 241 para mayores. La mayoría se adjudicó hace más de cinco años.

Revisiones. Etxegintza revisará la situación de todos los inquilinos para renovarles el contrato en caso de que sigan reuniendo las condiciones exigidas. En caso contrario, se les desalojará. Ha revisado ya 90 pisos de la plaza de Lasarte, de 1994, y 100 de Bidebieta.

Requisitos. Los ingresos ponderados no deben superar los 39.000 euros; no se puede tener otra vivienda en propiedad en todo el Estado en un 50% o más (si el porcentaje es menor, su valor no puede superar los 75.000 euros); no se puede subarrendar ni ejercer una actividad profesional; y se debe mantener en condiciones adecuadas.