Donostia. La junta de portavoces del Ayuntamiento de Donostia, que convocó ayer el alcalde, Juan Karlos Izagirre, se volverá a reunir el próximo jueves e invitará a los agentes de la patrulla que acudió el 24 de septiembre a la casa ocupada de la calle Gaztelubide 5 para conocer su versión sobre los hechos.

Con esta invitación, los grupos políticos del Consistorio pretenden conocer la versión directa de los hechos de boca de los agentes, ya que el informe que elaboraron en su momento no fue, según se dijo posteriormente, del todo correcto.

Como se recordará, tras la ocupación del edificio, de propiedad privada, acudió una patrulla al lugar y también el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, que, según las distintas versiones, actuó como mediador entre ambas partes o como responsable de la ocupación.

Los grupos de la oposición -PSE-EE, PP y PNV- han criticado duramente que el Gobierno de Bildu haya apoyado la utilización sin permiso de este edificio, con destino a convertirlo en un gaztetxe, bautizado como Uxotegi. De hecho, el alcalde se posicionó días después a favor de los locales juveniles "autogestionados". Ayer, tras dos horas de reunión con Izagirre, los partidos de la oposición acordaron con él celebrar una próxima reunión que, si comparecen los agentes invitados, podría arrojar luz sobre lo sucedido.

En caso de que las explicaciones aportadas sean consideradas suficientes, los partidos de la oposición no seguirán adelante con la iniciativa de promover una comisión de investigación sobre el asunto, que ya ha comenzado a tramitarse. En caso contrario, la oposición seguirá con os trámites para que en el Pleno ordinario del día 27 se apruebe su constitución.

Por otra parte, la comisión informativa del próximo lunes, en la que el alcalde preveía reunir a todas las partes, según anunció, no debatirá finalmente el asunto de la casa ocupada. Nadie ha solicitado que se incluya el asunto en el orden del día por lo que la presidencia tampoco ha invitado a las partes implicadas.

juzgado Asimismo, la dueña del edificio, que reside en Madrid, ha dejado el asunto en manos de sus abogados, que han solicitado al juez que obligue a desalojar a los jóvenes ocupantes. Por el momento, el juzgado no se ha pronunciado, aunque los abogados consideran que lo hará en breve, ya que el edificio, aunque está vacío desde hace siete años, ha sufrido obras de mejora, como el cambio de tejado, y no se encuentra abandonado.

Los jóvenes que ocuparon el edificio para convertirlo en gaztetxe rompieron los huecos tapiados y cambiaron la cerradura, además de eliminar muebles y colchones que se hallaban en las habitaciones.