Elorza dice que la sentencia contra Brues supone "una doble victoria" para el Consistorio y los vecinos

Donostia. El alcalde de Donostia, Odón Elorza, aseguró ayer que la sentencia que da la razón al Consistorio donostiarra en su disputa con la empresa Brues sobre el precio de 178 VPO de Riberas de Loiola supone "una doble victoria" para los vecinos y para el Ayuntamiento.

El regidor hizo estas declaraciones tras conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que desestima definitivamente la pretensión de Brues de ingresar 6,5 millones de euros más por la construcción de 178 viviendas protegidas en este barrio.

Brues reclamaba inicialmente 3,2 millones de euros al Consistorio por los daños que presuntamente le causaron las demoras de los trámites administrativos, así como otros 3,3 millones por el sobrecoste de las viviendas, cuyo precio fue tasado en 90.000 euros por el Ayuntamiento, cuando la constructora pretendía ingresar 108.000 tratando de imputar el sobreprecio a los adjudicatarios de las viviendas.

Elorza mostró su satisfacción por la sentencia, que confirma el fallo anterior del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia, y se felicitó porque los vecinos no tengan que "pagar un sobreprecio" y porque se ha puesto de manifiesto que el Consistorio "actuó correctamente" en este asunto.

"Con esta sentencia firme se demuestra que teníamos razón, que defendimos los intereses generales, que defendimos a los vecinos y que nos opusimos a la pretensión de la empresa Brues de cobrar una cantidad añadida", afirmó el alcalde.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jorge Letamendía, dijo que las 178 familias afectadas "fueron objeto de un chantaje", ya que la constructora intentó "cobrar un sobreprecio por las viviendas de 18.000 euros" a cada adjudicatario.

A la vista de esta situación, el Consistorio recomendó a los perjudicados que "pagaran el precio que el Ayuntamiento estimaba que era el adecuado" y que, para poder recibir sus viviendas, "comprometieran avales por la cantidad extra que Brues quería cobrar de más".

El edil recordó que el Ayuntamiento se hizo cargo de los costes financieros de los avales, por lo que en los próximos días las 178 familias adjudicatarias deberán dirigirse a sus entidades bancarias para solicitar la anulación de estas garantías.

Letamendía explicó asimismo que el Consistorio "no puede hacer esta gestión directamente", aunque mandará una carta a todas las entidades junto a una copia de la sentencia, instándoles a que deshagan los citados avales.