Las Federaciones de Caza de Araba y de Bizkaia, así como ADECAP-Asociación para la de Defensa del Cazador y del Pescador han realizado una valoración positiva de las modificaciones que han sido incorporadas a la nueva Ley de Protección de Animales Domésticos del País Vasco aprobada recientemente por el Parlamento Vasco. Sin embargo, apuntan que “es necesario limar algunas cuestiones”, ya que la normativa “debe ser posteriormente desarrollada en cada territorio histórico e incluso por los ayuntamientos”.

La nueva Ley que entrará en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, se centra en “la protección en sanidad, comercialización y tenencia de estos animales”, según señalan desde el ejecutivo autonómico, tomando como base la de considerarlos como “seres sintientes”.

La normativa se centra en los animales de compañía, aunque también “es de aplicación también a los de producción o renta”, por lo que incidirá en “390.000 perros, 27.000 gatos, 900 hurones y unos dos millones animales de producción o renta (ovejas, vacas, caballos, aves…)”, según los datos del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que promueve la Ley.

Tras reconocer que “el sector cinegético constituye probablemente la mayor agrupación de propietarios de perros, hurones y aves de cetrería que se encuentran reguladas por esta norma”, el asesor técnico de ADECAP y de las organizaciones federativas de Araba y Bizkaia, Nicolás Urbani, apunta que somos los principales interesados en que su desarrollo sea adecuado”.

Uno de los principales logros del trabajo desarrollado por las agrupaciones relacionadas con el sector cinegético constituye el de excluir la caza de la nueva normativa legislativa. “La anterior ley también la excluía y nosotros pedimos que esa situación se mantuviese porque la caza tiene su propia regulación a través de la Ley de Caza que contempla la utilización de animales con función auxiliar o de trabajo”, según destaca el propio Urbani.

Esterilización

La nueva Ley ha aceptado la inclusión como animal de compañía auxiliar de perros, hurones y aves de cetrería, lo que ha permitido incorporar matizaciones a cuestiones tan importantes como la esterilización de los perros, “porque hacerlo por sistema no tiene ningún sentido”. Es decir, que la Administración se ha dado cuenta de que no se puede imponer la esterilización obligatoria, “teniendo en cuenta que la tenencia de perros es necesaria para el control de poblaciones sobreabundantes como el jabalí”, apunta el asesor técnico.

Para adoptar esa medida, se ha tenido en cuenta el patrimonio genético y la riqueza cultural propia de los perros dedicados a la caza, y se permite la cría para reposición de aquellos perros que van envejeciendo, pero queda excluida la que tome la consideración de cría comercial. De hecho, “cuando exista una transmisión entre propietarios, la esterilización será obligatoria”, apunta Urbani.

Además, la legislación establece que en los casos en los que la cría y trata sea de carácter puntual, el importe de la compensación recibida por los animales, será similar a los gastos generados por la crianza, la custodia, la identificación y el registro de los mismos.

Aunque la norma excluye cuestiones referentes a la caza, sí incorpora aspectos que inciden directamente con esa actividad, y aunque la propuesta inicial planteaba considerar como maltrato los accidentes que pueden producirse durante la actividad cinegética, finalmente reconocen que esos percances no son equiparables a un maltrato, “ya que se producen sin intencionalidad”.

Por lo tanto, las federaciones y ADECAP consideran satisfactorio que se haya incluido la intencionalidad para que situaciones accidentales como el ataque de un jabalí a un perro, no se considere maltrato animal. “Lo que pretendíamos era tener las garantías jurídicas suficientes para evitar que el cazador, que además de perder a un perro de alto valor genético, hubiese podido ser denunciado por los colectivos animalistas radicales”.

Collares y transporte

El uso de collares GPS para localización de los perros, tal y como indica la norma “para procurar el control de estos animales”, es una medida excesiva para los sectores cinegéticos, por considerarla que “de facto supone nuevas obligaciones económicas para el ejercicio ordinario de la actividad cinegética”.

Sin embargo, frente a la inclusión de los collares eléctricos en el mismo grupo que los collares de castigo, de pinchos o de estrangulamiento, las entidades cinegéticas, cuyo uso está considerado como falta grave, consideran que su uso “de forma controlada y formada, facilita el proceso de adiestramiento, educación y campeo de los perros de caza”. Además, es “un método de control, sujeción y manejo de los canes” y una “interesante herramienta para compatibilizar aprovechamientos de caza con otros usos sociales de los montes”.

Respecto al transporte de perros de caza, las entidades cinegéticas consideran que “se va a crear una carga administrativa que hasta ahora no existía, tanto para las administraciones locales como para los cazadores, porque resulta excesivo tener que informar cada vez que se vaya a realizar un desplazamiento de caza mayor con más de cinco perros”, señala Urbani. l