A raíz de las recientes peticiones de mayor financiación para la EHU, he leído con sorpresa las declaraciones del consejero de Educación, en las que se mencionan los sueldos de los catedráticos como ejemplo de retribuciones elevadas. Esa visión parcial y descontextualizada oculta la situación real del profesorado universitario y alimenta un imaginario social completamente distorsionado, que no se corresponde con nuestras condiciones laborales.
Mi pareja y yo somos profesores de la EHU, doctores, con muchos años de experiencia docente e investigadora. Sin embargo, durante varios años vivimos con nuestros tres hijos en una vivienda de alquiler de protección oficial en Donostia; nuestros ingresos estaban dentro del rango establecido para acceder a estas viviendas, dirigidas fundamentalmente a familias con ingresos más bajos. Esta es la dimensión real de nuestros salarios.
Cuando empezamos a percibir algunos de los complementos retributivos mencionados por el consejero –congelados desde 2006– superamos por muy poco el límite económico y perdimos la ayuda. A consecuencia de ese bloqueo salarial de casi 20 años, y tras dos décadas de erosión acumulada, nuestro poder adquisitivo se ha deteriorado de manera muy significativa y continúa empeorando.
Lo más preocupante es que los salarios del profesorado universitario no reflejan adecuadamente nuestro nivel de formación doctoral, las evaluaciones constantes, las acreditaciones, las responsabilidades docentes ni las exigencias investigadoras. Cuando se alcanza la estabilidad –de media a los 44 años, después de superar numerosas evaluaciones y concursos-oposición–, la retribución es similar a la del profesorado de secundaria y comparable a la de algunos puestos administrativos de la función pública vasca que requieren una titulación intermedia, como sucede en el caso de muchos de nuestros compañeros del personal de administración y servicios de la EHU.
Por eso, afirmar que los sueldos de los catedráticos —que representan apenas el 5,7% del profesorado de la EHU— son elevados y que el problema se reduce al personal predoctoral y en formación es ocultar la precariedad estructural que afecta a todo el sistema.
La universidad pública necesita una financiación suficiente y estable, que permita cuidar también a las personas que trabajamos en ella. Y la sociedad vasca tiene derecho a conocer la verdad sobre las condiciones en que quienes formamos a las futuras generaciones desarrollamos nuestro trabajo. Es hora de expresarlo con claridad.
Profesora de la EHU
