A día de hoy, más de 6.000 personas han sido declaradas por los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra como víctimas de la tortura.
Según los informes emitidos, la práctica de la tortura ha sido generalizada y ha sido practicada por la Guardia Civil, por las policías Armada y Nacional, por la Ertzaintza y por algunas policías municipales.
Muchas de esas víctimas han sido juzgadas y algunas condenadas por el Tribunal de Orden Público y su sucesora, la Audiencia Colonial Española (AN), con pruebas, testimonios y declaraciones obtenidas bajo tortura a pesar de que las condenas basadas en la tortura son nulas de pleno derecho.
Instituciones, asociaciones (algunas de ellas sostenidas con dinero público) y personas (algunas de ellas públicas) dan por buenas esas sentencias y mantienen su contenido y sus consecuencias afirmando que las personas condenadas son responsables de lo que las sentencias dicen. Piden, incluso, algunas, que sean apartadas y privadas de sus derechos, por encima incluso del contenido de las mismas sentencias que defienden.
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Debemos saber que quienes sostienen y dan por buenas esas sentencias están blanqueando la tortura y son cómplices de la misma.
Una buena parte de la población de Euskal Herria sabe que la tortura ha sido sistemática y que ha afectado a muchas más personas que las reconocidas oficialmente.
Todas las personas que vivimos en Euskal Herria hemos conocido y conocemos a personas cercanas que han sufrido la tortura. Esas víctimas, por lo menos las hasta el momento reconocidas, son sujetos de derecho y no deben ser perseguidas, insultadas ni denigradas y quien o quienes las persigan, insulten o denigren están cometiendo un delito.
Las sentencias dictadas por el TOP y la AN debieran estar siendo revisadas, también las que de ellas hayan sido ratificadas por el Tribunal Supremo y o por el Tribunal Constitucional.
Debemos tener en cuenta que la mayor parte de las que han llegado a la Jurisdicción Europea han derivado en condenas y desautorizaciones a los Órganos Judiciales del Reino de España que las dictaron o ratificaron.
En resumen, quien persigue, insulta o denigra a las víctimas de la tortura, quien pretende que se aparte de la sociedad a esas víctimas, así como quién pretende criminalizar a las asociaciones que defienden sus derechos está blanqueando la tortura y por lo tanto es cómplice de la misma.
