Hace tan solo una semana, a mi hija le retiraron la bicicleta mientras circulaba por un carril bici en Donostia. La infracción: llevar auriculares. No hubo advertencia ni información sobre la normativa. Directamente, los municipales le quitaron la bici. Para recuperarla, entonces me puse manos a la obra, y al llamar por teléfono al depósito municipal me dijeron que tenía que seguir un proceso: primero consultar en la página web del depósito en la sección “bicicletas robadas” y después acudir a los municipales para que me dieran el permiso.
Sí, han leído bien. Si tu bicicleta es requisada por una infracción leve, no solo te la quitan sin más, sino que el propio Ayuntamiento la gestiona como si hubiera sido robada. Esa es la realidad que viven muchos jóvenes en esta ciudad. Un enfoque más orientado a la recaudación que a la educación.
En 2021, la Guardia Municipal recuperó 336 bicicletas en Donostia, pero solo 121 fueron reclamadas por sus dueños. Es decir, más de 200 bicicletas terminaron quién sabe dónde. ¿Por qué? ¿Cuántas de esas fueron realmente robadas y cuántas incautadas por multas? ¿Dónde está la línea entre protección y abuso? ¿Y por qué no se informa claramente de estas prácticas?
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En lugar de campañas de educación vial o materiales divulgativos —algo mínimo si se quiere promover la movilidad sostenible— lo que vemos es una caza de infractores sin pedagogía alguna, especialmente entre jóvenes que van en bicicleta o patín.
Pero lo más indignante es el trato recibido en las dependencias municipales. En la recepción, el personal responde de forma seca y desagradable, como si hacer preguntas fuera una molestia. Una vez dentro, los agentes exhiben su placa colgando del cuello con gesto serio, musculosos y en pose desafiante, como diciendo “cuidadito conmigo que te empapelo”.
Esta actitud intimidatoria despierta muchas veces una reacción natural en la persona sancionada —que además está nerviosa, frustrada o confundida— y lejos de calmar la situación, los agentes se ensañan, especialmente si quien acude es una mujer. Las sanciones entonces se multiplican: por "desobediencia", por "faltas de respeto", por "llevar auriculares", por “hacer caso omiso a la autoridad”… sanciones que suman fácilmente más de 200€, a lo que hay que añadir los 34€ de depósito y 3,50€ por cada día que la bicicleta pasa en el almacén municipal.
Es decir, se genera una espiral punitiva que, en muchos casos, hace imposible recuperar la bicicleta. Una especie de castigo económico que tiene más de ejemplarizante que de justo o educativo.
Exigimos un cambio de rumbo. Desde aquí, pedimos:
Donostia no puede ser un escaparate verde por fuera y una trampa recaudatoria por dentro.
Quienes pedalean cada día por esta ciudad, muchas veces con ilusión, esfuerzo y sacrificio económico, merecen algo mejor que un sistema de castigo automático. El Ayuntamiento tiene la obligación de proteger y fomentar el uso de la bicicleta, no de criminalizar a quienes la utilizan.