Un fenómeno terrible y por desgracia muy extendido en nuestra sociedad entre la población joven es el desarrollo de patologías mentales provocadas por el abuso en el consumo de drogas que, además de tener consecuencias personales y familiares muy graves, tiene una respuesta nefasta y deficiente por parte de las instituciones. Por un lado, siendo un fenómeno que afecta a miles de jóvenes, aún no se ha desarrollado una red socio-sanitaria pública específica dedicada a su prevención y tratamiento. Sólo existe un centro socio-sanitario en Alava, pionero en el Estado, dedicado al tratamiento socio-educativo de pacientes que ya han desarrollado patologías duales. Por ello es urgente responder al reclamo de familiares y personal socio-sanitario, aún no atendido, aunque figure en los planes de Osakidetza. Por otro lado, la gestión securitaria y criminalizadora que hasta ahora se ha dado es funesta y denunciable. No sólo por los protocolos de actuación a la hora de asistir a situaciones de crisis cuando la Ertzaintza acude antes que la ambulancia medicalizada a atender al paciente, lo cual provoca situaciones de violencia y en ocasiones de abuso policial. Sino, sobre todo, porque a menudo estos jóvenes no cuentan con dinero para consumir y se ven procesados penalmente por delitos menores contra la propiedad o la salud pública, acabando en prisión. Allí la presencia de drogas es habitual, y muchos de ellos están atrapados en un consumo desregulado y adulterado que, unido a su enfermedad mental y a las deudas que contraen con quienes se las facilitan en la cárcel, en muchas ocasiones acaba en una muerte en circunstancias no esclarecidas. Todo ello cuando el Código Penal contempla la suspensión condicional de la pena o la sustitución de ésta por el cumplimiento en programas socio-sanitarios, medidas alternativas al encarcelamiento por las que no se apuesta, a pesar de que el Gobierno Vasco tenga competencias en materia de ejecución penal y que, como consecuencia, convierten las cárceles en cementerios de jóvenes enfermos. 

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