Hemos oído en la radio las manifestaciones del responsable del Basque Culinary Center (BCC) en relación con la instalación de su nuevo edificio en la zona pública de Manteo, prácticamente la única zona pública que queda en ese punto de Ulia. En ese corte se ha hecho una leve mención a la oposición ciudadana. No es muy habitual oírlo. No tenemos que entrar, y no queremos, en la bonanza del edificio ni en su destino. Aquí de lo que hablamos es de su ubicación. Y tampoco el BCC debe ser nuestro interlocutor. Nuestro interlocutor es el alcalde, Eneko Goia, y la concejala Marisol Garmendia, como representantes de los partidos PNV y PSE, porque son los que han acordado la cesión del terreno. A ellos, la asociación de Vecinos de Ulia, el vecindario de Gros-Ulia y la ciudadanía en general de la ciudad, les hemos pedido explicaciones sobre su decisión, su comportamiento, sus sucesivas gestiones muy cuestionables muchas veces en relación con un uso privado precisamente en ese espacio público que tiene más de un argumento histórico, medioambiental y jurídico para contradecirles. Pero no hay respuesta. Y no es de ahora. Dan paso a que sea el BCC, presentándose como una organización sin ánimo de lucro, como si eso fuera una justificación que les permita cualquier cosa, para hablarnos de un panorama ya hecho, sí o sí. A nuestros dirigentes políticos, incluidos los forales y los autonómicos que aportan unas importantes cantidades del dinero público para ayudar a esa organización sin ánimo de lucro pero con la seguridad de salirse con la suya, se les ha olvidado que son administradores de nuestra riqueza, no los dueños. Si el BCC quiere, puede optar por otras ubicaciones en esta ciudad, previa consulta, pero si seguimos su línea universitaria, ahí tiene el campus o incluso ampliar sus actuales instalaciones que, y no nos extrañará, en su momento y con los mismos argumentos de ahora, tuvieron concesiones institucionales. No olvidemos que se trata de una iniciativa privada en ocupación de un terreno público. Queremos creer que los políticos mencionados reconsiderarán su decisión en base a argumentos jurídicos, medioambientales y sociales, y por ello, seguimos insistiendo. La ciudadanía de esta ciudad se merece ser escuchada porque lo que se hace en un lugar de Donostia repercute, y mucho, en la vida social de todos. Ya es hora de que se den cuenta de que tenemos opinión y derecho a expresarla y a ser escuchada.
