Las acciones de Putin tienen precedentes históricos similares. Hitler, después de consolidar su dictadura en el interior del país, se dispuso a agredir a otros estados. Ocupó primero Austria y después la parte germanófona de Checoslovaquia (Sudetes). Hubiera sido lícito plantear un referéndum con garantías democráticas en estos territorios, pero recurrió a la fuerza. En marzo de 1939 fue anexionado el resto del país, habitado mayoritariamente por checos, sin que los aliados intervinieran. Cuando meses después atacó a Polonia y desencadenó ya la II Guerra Mundial. Tras su derrota, los supervivientes de la cúpula nazi fueron juzgados y condenados en Nuremberg. Putin ha impulsado la vía militar para mantener territorios bajo su control. Es el caso de Abjasia, Chechenia, Osetia del Sur o Transnistria. En 2014 se anexionó Crimea y apoyó también la secesión de Donetsk y Donbás. Sin su apoyo, el dictador de Siria, Bashar al-Asad, no se hubiera mantenido en el poder. Ahora ha invadido Ucrania. Putin y los dirigentes responsables de estas actuaciones deben ser juzgados por sus crímenes. Sería deseable que la población de Rusia contribuyera a hacerlo posible.
