Entra dentro del guión que el arzobispo de Burgos se manifieste en contra de la última ley del aborto. Rasgarse las vestiduras es una pamema. El arzobispo está en su derecho de instruir y azuzar a su feligresía en materia de dogma religioso y de conciencia incluso, no en vano se dirige a una parte más que significativa de la población (conviene no olvidarlo), pero hora será de señalar que si a un ciudadano cualquiera se le ocurre propalar la insumisión a la legalidad vigente como opción política, en cualquier terreno legislado, puede estar seguro de que va a ser de inmediato procesado. Cosa que, a tenor de lo dicho, el propio arzobispo de Burgos sabe porque pedía impunidad para quien reclamara insumisión. Lo que demuestra una cosa: que la jerarquía eclesiástica puede hacer y decir lo que le venga en gana, ya hable de las violaciones, la interrupción del embarazo, la educación en los centros públicos, las enseñas religiosas, los abusos sexuales, la propiedad de bienes municipales o de la homosexualidad. Una realidad: en España no hay un solo fiscal o magistrado que se atreva con la jerarquía eclesiástica.
¿Y políticos? Desde luego los que están en el Congreso, no. Por ejemplo, nadie reclama, como mínimo, la revisión del Concordato. Una cara más de un deficiente estado laico que hace agua por todas partes, proclame lo que proclame un muy demediado partido socialista, encantado de haberse conocido.
