- La Defensora del Pueblo europeo, Emily O’Reilly, informó ayer de que ha puesto en marcha una investigación sobre la manera en que la Comisión Europea (CE) ha abordado un centenar de casos de puertas giratorias entre su personal.
La investigación forma parte del seguimiento que esa institución hace sobre las obligaciones éticas del personal europeo que se pasa al sector privado, indicó en un comunicado.
En particular, la Defensora del Pueblo inspeccionará cien expedientes sobre peticiones de funcionarios de nivel superior o medio que quieren acceder a un nuevo empleo o piden una baja no remunerada para ejercer otra actividad.
Los casos afectan a catorce direcciones generales de la Comisión, además de a todos los gabinetes de comisarios, el servicio jurídico, la secretaría general, el think tank interno y el comité de control reglamentario. El objetivo del análisis es comprender mejor “cómo se toman esas decisiones en una serie de servicios de la Comisión”.
“Una gestión sólida de las puertas giratorias es importante para mantener la confianza en las instituciones de la UE. Cualquier percepción de que las normas no se están aplicando correctamente corre el riesgo de crear dudas sobre si la administración de la UE actúa plenamente en el interés público”, indicó O’Reilly, que añadió que cree que se subestima el impacto de unas “puertas giratorias” sin control.
“Debería haber más conciencia en la administración de la UE sobre la impresión que causa en el público cuando personas con experiencia en reglamentación se trasladan al sector privado, donde sus conocimientos y redes pueden tener un valor comercial y de otro tipo”, añadió O’Reilly.
Hasta la fecha, esta institución había llevado a cabo investigaciones relacionadas con las puertas giratorias en la Autoridad Bancaria Europea y en la Agencia Europea de Defensa.
