- Los países de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo (PE) llegaron ayer a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 2021, aunque este solo podrá entrar en vigor si se levanta el bloqueo que Hungría y Polonia mantienen sobre el marco financiero plurianual (MFP) para los próximos siete años.

Así, Hungría y Polonia mantienen su veto al plan de recuperación de la Unión Europea, pero las advertencias desde Bruselas de que el fondo de reconstrucción podría activarse sin ellas parece haber hecho mella en su alianza después de que Varsovia haya dado señales de que hay vías para el acuerdo. Ambos países bloquearon hace dos semanas la aprobación del acuerdo sobre el marco financiero plurianual para 2021-2027 y del fondo de recuperación cerrado con el Parlamento Europeo por su rechazo a vincular el desembolso del dinero, 1,8 billones de euros, al respeto del Estado de derecho.

En los últimos días el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, se han reunido para reconfirmar su veto y cargar contra un mecanismo que consideran “ideológico”, “políticamente motivado” y dirigido contra ellos, a pesar de que el Estado de derecho es uno de los principios fundacionales de la UE.

Alemania, que ocupa la presidencia de turno de la UE, sigue trabajando con ambos para encontrar una solución, pero la Comisión Europea (CE) ya ha empezado a estudiar cómo poner en marcha el fondo de recuperación sin ellos.

“Tenemos que trabajar intensamente y explorar todas las opciones posibles para asegurar que avanzamos porque estamos en una profunda crisis económica y este dinero es muy necesario”, advertía este martes el vicepresidente de la CE Valdis Dombrovskis, recordando que 25 de los 27 miembros apoyan el plan.

Bruselas cree que podría ponerse en marcha “rápidamente” una solución “puente” sin Hungría y Polonia que replicaría los efectos del fondo hasta que se logre un acuerdo y permitiría mantener en términos generales el calendario actual, que prevé que los desembolsos empiecen en junio, explicó un alto cargo comunitario.

Esto podría lograse a través de una cooperación reforzada entre los 25 países a favor, con un sistema de avales proporcionados por estos Estados para que la Comisión pueda emitir deuda sin el respaldo del presupuesto comunitario, o con un acuerdo intergubernamental. Aunque todavía no hay una decisión final, el hecho de que la maquinaria se haya puesto en marcha parece haber pesado en el ánimo de Polonia.

El viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, dijo el jueves a la prensa tras reunirse con varios comisarios europeos en Bruselas que una posible solución al conflicto sería una declaración para clarificar los términos de la condicionalidad del cumplimiento del Estado de derecho. Sin embargo, ayer Orbán descartó la solución puesto que “no va a funcionar” y pidió de nuevo desligar fondos y Estado de derecho, mientras que un portavoz del Gobierno polaco precisó que la intención de vetar el paquete económico comunitario no ha cambiado, matizando así lo que se interpretó como una mano tendida al acuerdo.

Los socios estarían dispuestos a explicitar que esta condicionalidad no se utilizará para presionar en otras áreas como la migración -algo que “ni siquiera se puede hacer” porque está ligada solo al presupuesto- o a aclarar que la CE lo aplicará de forma imparcial a los Estados si esto resuelve las preocupaciones de Budapest y Varsovia, apuntaron fuentes diplomáticas.

Si hay acuerdo. Si los líderes comunitarios logran solventar el veto húngaro y polaco y el marco financiero es aprobado en su cumbre de la semana próxima, la Comisión podría preparar muy rápido esta nueva propuesta “técnica” de modo que el Consejo (los países) y la Eurocámara puedan dar su visto bueno definitivo antes de finales de año.

Si no hay acuerdo. Si no se logra el acuerdo, el 1 de enero entraría en vigor el sistema de emergencia conocido como “doceavos provisionales”, que no se ha usado desde 1988 y prevé que cada mes los países reciban una duodécima parte del dinero que les correspondía del presupuesto del año previo, en este caso 2020. Esto se traduciría en entre 25.000 y 30.000 millones menos disponibles en compromisos e impediría además efectuar los pagos de ciertos programas.